Así lo decidió hoy la Junta de Portavoces en la reunión que tuvo lugar después de que el Papa León XIV acudiese a la Cámara Baja para ofrecer un discurso ante el Hemiciclo, en el marco de la visita que está haciendo estos días a España.

La semana en la que comparecerá Sánchez es la última de Pleno de este periodo de sesiones. Moncloa propuso la fecha y la Junta de Portavoces aceptó la propuesta, pese a los lamentos del PNV de que sea "tan tarde".

El jefe del Ejecutivo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 203 del Reglamento de la Cámara, solicitó comparecer “para informar sobre la situación política relacionada con las últimas investigaciones judiciales conocidas”, aunque también hablará sobre su participación y la postura de España en el Consejo Europeo que se celebrará el próximo 18 y 19 de junio.

SITUACIÓN "TENSA" PARA LOS SOCIOS

Sánchez pidió comparecer para dar cuenta de la situación política ante estos escándalos y nueve minutos después de su anuncio, Podemos, ERC, Compromís y BNG registraron la solicitud para que dé explicaciones a este respecto.

Han pasado tres semanas desde que la Audiencia Nacional informó sobre la condición de investigado del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el 'caso Plus Ultra' y la situación "no ha hecho más que volverse tensa", según admitieron hoy los socios de investidura a la salida de la Junta, tras destaparse más casos que relacionan al PSOE con posible corrupción.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz realizó hace unos días un requerimiento de información por el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entró en la sede de Ferraz en el marco del caso contra la exmilitante socialista Leire Díez.

Así, volvió a aparecer en escena el 'caso Leire', en el que el juez consideró la semana pasada en su auto la posibilidad de la existencia de una trama, presuntamente liderada por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que pudo pagar con fondos del PSOE a Díez, y dirigida a "obstaculizar" causas contra el Gobierno y el partido, en la que aparecían nombres como el del exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías o la gerente socialista, Ana Fuentes.

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, tendrá que acudir a declarar como testigo ante la Audiencia Nacional el próximo 10 de julio en relación a este caso. Solo un día después de la aparición de los agentes en Ferraz comenzó el juicio a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, y otros diez investigados, entre ellos el exsecretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Un juicio que estas semanas dirime si la contratación del hermano del presidente del Gobierno en 2017 en la Diputación de Badajoz como coordinador de actividades musicales de los conservatorios cumplió todos los requisitos legales o fue un caso de corrupción.

A esto se añade la investigación sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). En relación a este caso, un juez de Madrid admitió hoy dos querellas presentadas por PP y Vox por el rescate de Air Europa y el magistrado anunció la condición de investigado al vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, por un presunto delito de prevaricación administrativa, citándole ya para declarar en calidad de investigado el próximo 3 de julio.

Sin embargo, la cita más cercana para el Gobierno en relación con este asunto será mañana. El director de la Oficina de Asuntos Económicos del presidente del Gobierno, Manuel de la Rocha, y la presidenta de la Sepi, Belén Gualda, comparecerán este martes en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional para informar de los últimos movimientos de la familia Escribano en Indra.

La salida de la firma de los Escribano se produjo un mes después de que Ángel Escribano renunciara a su puesto de presidente en Indra tras denunciar la SEPI un conflicto de interés, dado que Indra negociaba la adquisición de EM&E. Por ello, tanto la presidenta de SEPI como el director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20 tendrán que dar cuenta de estos movimientos.