El Ejecutivo se refiere a esta cuestión en una respuesta por escrito enviada al Senado y recogida por Servimedia, donde el parlamentario José Antonio Monago preguntaba al Ejecutivo por qué motivo “ha decidido adscribir el nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad directamente a la Presidencia del Gobierno y no al Ministerio del Interior o al de Defensa, que ya ejercen competencias en la materia”.

Monago expresaba en su pregunta que “la centralización del nuevo organismo bajo Presidencia plantea interrogantes sobre la distribución de competencias en materia de seguridad nacional y sobre la coordinación con los organismos ya existentes, como el Incibe o el Centro Criptológico Nacional”.

Además, este senador apuntaba que “el incremento presupuestario y la ambición de posicionar a España como referente europeo exigen una evaluación rigurosa sobre la eficacia del gasto y la capacidad real del Estado para prevenir ciberataques en infraestructuras críticas y proteger a la ciudadanía”.

“CIBERSEGURIDAD NACIONAL”

En este sentido, en la respuesta del Gabinete de Sánchez, se indica que “la adscripción del futuro Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) a la Presidencia del Gobierno responde a la necesidad de asegurar una coordinación estratégica transversal y a las obligaciones derivadas de la Directiva (UE) 2022/2555 (NIS2)”.

Moncloa sostiene que dicha directiva requiere que cada "Estado miembro designe o establezca un punto de contacto único", que “ejercerá una función de enlace para garantizar la cooperación transfronteriza de las autoridades de su Estado miembro con las autoridades pertinentes en otros Estados miembros y, cuando proceda, con la Comisión y la Enisa, así como para garantizar la cooperación intersectorial con otras autoridades competentes dentro de su Estado miembro".

El Gabinete de Sánchez detalla que “la forma de transposición de la citada directiva en España se está llevando a cabo a través del ‘Anteproyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad’”, de enero de este año.

Establece que este anteproyecto, en su Disposición Adicional primera, recoge que el “Gobierno aprobará, en el plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de la presente ley, el Real decreto por el que se determine el rango, carácter y estructura administrativa del Centro Nacional de Ciberseguridad, adscrito al Gabinete de la Presidencia del Gobierno, dirigiendo y coordinando bajo una autoridad única el ejercicio de las competencias estatales previstas en esta ley”"

Este CNC "asumirá además cualesquiera otras funciones que se le encomienden en el ámbito de la ciberseguridad nacional, sin perjuicio de las competencias legalmente reservadas a otros organismos e instituciones".