Así lo manifestó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que añadió que, pese a esta realidad, “la sanidad pública sigue gozando de la confianza de la mayoría de los españoles, ya que el 70% de la población elegiría un centro público, sobre todo cuando se habla de patologías complejas”.

Igualmente, indicó, “los seguros privados crecieron desde 2018 casi un 90% en los últimos siete años y el 32% de la población tiene uno de estos seguros”. En cuanto a las comunidades autónomas, “Madrid está a la cabeza con un 34% de la población con seguro privado frente a Navarra que tiene un 19%”.

Tal y como reveló el informe del Ministerio de Sanidad, indicó, “solo hay siete hospitales en toda España que tienen este modelo que se ha puesto en solfa con el caso de Torrejón y que es un modelo sustitutorio, en el que hay un hospital que sustituye a uno público en la atención al área sanitaria. De ellos, cinco en Madrid, uno en Valencia y uno en Vigo”.

En cuanto al caso del Hospital de Torrejón, la titular de Sanidad insistió en que “no son rencillas entre directivos, es el resultado de un ‘modus operandi’ que intenta parasitar nuestro sistema público a través de la cuenta de resultados de las empresas privadas y que se da, sobre todo, en Madrid y residualmente en la Comunidad Valenciana”.

LEY DE GESTIÓN PÚBLICA

De hecho, continuó, “Quirón y Ribera son las dos caras de la misma moneda. Es un sistema perfectamente engrasado que necesita de la complicidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid”.

Por lo tanto, reiteró, “necesitamos una ley que proteja y blinde lo público y que se gestione con criterios públicos para que nadie anteponga los criterios económicos por encima de la salud de la población. Por ello, trabajamos en una ley de gestión pública que ponga fin a los desmanes del modelo Quirón y del modelo Ribera”.

En este sentido, anunció García que “la alta inspección del Ministerio de Sanidad ha remitido una solicitud oficial a la Comunidad de Madrid para requerir información detallada sobre las investigaciones iniciadas tras las declaraciones del CEO de Ribera Salud, las auditorías económicas y de gestión de los últimos cuatro años, las actas de la comisión mixta, los escritos de denuncias de los cuatro directivos cesados, datos de pacientes de fuera del área asignada, entre otros”.

CONCLUSIONES DEL INFORME

El estudio concluye, remarcó la ministra, que la colaboración con entidades privadas “pasa de ser un recurso excepcional para convertirse en una práctica estructural”, lo que implica desviar una parte creciente del presupuesto público a empresas cuya lógica responde al beneficio, no al interés general.

El número de hospitales privados integrados en el SNS aumentó de 106 en 2011 a 145 en 2023, lo que representa un crecimiento del 36,8%. Estos centros, considerados de dependencia funcional privada, ya suponen el 30,7% del total de hospitales del SNS.

Además, la proporción de camas operativas que pertenece a los centros privados dentro del SNS pasó del 13,7% en 2011 al 17,8% en 2023 y la proporción de quirófanos que pertenecen a estos centros creció del 8% al 10,7%.

Este fenómeno se concentró especialmente en comunidades como Cataluña y la Comunidad Foral de Navarra donde la red privada representa una parte sustancial de la infraestructura asistencial. El único ámbito en el que la dotación y la actividad asistencial aumentó en los hospitales privados que no pertenecen al SNS es en lo relacionado con la realización de pruebas diagnósticas.

ESTANCIA HOSPITALARIA

En 2023, el 34,6% de las estancias hospitalarias y el 17,6% de las altas registradas en centros de gestión privada no pertenecientes al SNS fueron financiadas con fondos públicos. Asimismo, alrededor del 21% de las intervenciones de cirugía mayor ambulatoria y de las sesiones de hospitalización de día realizadas en estos centros recibieron financiación del Sistema Nacional de Salud.

El informe subrayó también que este modelo de colaboración no demostró mejoras significativas en eficiencia ni en resultados de salud, y advirtió sobre los riesgos que supone una transferencia progresiva de gasto público hacia la gestión privada en términos de planificación y control del sistema.

Igualmente, remarcó Mónica García, “al estudiar en qué centros hospitalarios se abordan los procesos asistenciales más costosos, como los relacionados con trasplantes, neonatos con bajo peso al nacer o procedimientos que requieren una traqueostomía u oxigenación por membrana extracorpórea, la cobertura por parte de hospitales del Sistema Nacional de Salud es, en la mayoría de los casos, superior al 95%”.

El informe destacó que, aunque el sistema público sigue siendo el principal garante del derecho a la salud, la tendencia actual debilita los principios fundacionales del SNS. Por ello, recomendó reforzar los mecanismos de auditoría y control de la actividad privada financiada con recursos públicos.

También, exigir a los centros concertados la publicación sistemática de indicadores clínicos y promover la gestión pública directa como la opción preferente de prestación de servicios sanitarios para unos mejores resultados en salud y un control óptimo de los recursos públicos.