Así lo manifestó en la rueda de prensa posterior al Pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns) que se celebró en la sede ministerial de forma telemática.

En su intervención aseguró que desde su departamento “tenemos muy claro que la salud bucodental no puede depender de las condiciones económicas ni del bolsillo de las familias. Hoy sabemos que el código postal influye más que el código genético en materia de salud bucodental”.

De hecho, reiteró la ministra, “en los barrios con menor renta se concentran más caries, más extracciones y menos visitas preventivas al dentista. Además, las personas con menor nivel socioeconómico acuden al odontólogo cuando el problema es muy grave y esto es lo que queremos cambiar”.

Por ello, esta distribución de fondos entre las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), estarán destinados a la ampliación de la cartera común de servicios de salud bucodental en 2025.

REFORZAMIENTO SALUD BUCODENTAL

Esta dotación económica se enmarca en la estrategia de reforzamiento de los servicios públicos de salud bucodental y da continuidad a las acciones iniciadas tras la aprobación, en diciembre de 2021, de la ampliación de la cartera común de servicios del SNS en esta área. Desde entonces, se destinaron más de 180 millones de euros para su implementación progresiva.

El plan de ampliación tiene un enfoque eminentemente preventivo, priorizando grupos poblacionales con mayor vulnerabilidad. Hasta ahora, los colectivos cubiertos incluían a la población de 0 a 14 años, mujeres embarazadas, personas con discapacidad igual o superior al 33%, y personas diagnosticadas de cáncer en el territorio cervicofacial.

Como novedad para el ejercicio 2025, anunció Mónica García, “se incorpora por primera vez la atención específica a las personas mayores de 65 años, colectivo con escasa cobertura pública hasta la fecha y alta prevalencia de enfermedades periodontales asociadas a enfermedades crónicas. La salud bucodental no se jubila y no actuar a estas edades tiene consecuencias para la nutrición, la salud cardiovascular y la calidad de vida”.

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE

Para ello, añadió, “se reservó un 10% del total de este presupuesto a los mayores de 65 años y así garantizar un envejecimiento más saludable”. El 90% restante se destinará a consolidar la atención a los colectivos ya priorizados, con criterios de reparto basados en datos demográficos actualizados del INE, incidencias clínicas y prevalencia de discapacidad.

Las comunidades autónomas podrán destinar los fondos a la contratación de personal, adquisición de equipamiento, mejora de infraestructuras y otros gastos necesarios para implementar los servicios.

Las medidas deberán ejecutarse en un plazo máximo de tres años desde la transferencia efectiva de los fondos, estableciéndose un control estricto de los compromisos de gasto, cuya primera fase deberá estar completada antes del 31 de diciembre de 2025.

Asimismo, se establece un sistema de seguimiento y justificación por parte de las comunidades autónomas e Ingesa, incluyendo la remisión de planes de ejecución, cronogramas, memorias de actividad y resultados.