Esta norma, que será debatida el próximo mes en las Cortes de Castilla-La Mancha, "refuerza la capacidad de decisión del paciente sobre su salud, siempre que no vaya en contra del buen criterio médico ni del ordenamiento jurídico", indicó el consejero, poco antes de inaugurar en la capital conquense la I Jornada Nacional de Ley de Voluntades Anticipadas, organizada por la Asociación de Derecho Sanitario de Castilla-La Mancha y la Escuela Universitaria de Enfermería de Cuenca.

Según el titular de la sanidad regional, la nueva ley va a mejorar la atención a los pacientes y dotará a los profesionales de instrumentos seguros cuando deban enfrentarse a situaciones clínicas extremas, lo que contribuirá al bienestar general y al respeto de las libertades personales.

A preguntas de los periodistas, el consejero puntualizó que la norma que ha aprobado el Gobierno de Castilla-La Mancha ha sido consensuada con todos los sectores implicados y es muy similar al del resto de las comunidades autónomas. "No tiene nada que ver con prácticas como la eutanasia, sea activa o pasiva", aclaró.

El proyecto recoge la creación de un registro de voluntades anticipadas, dependiente de la Consejería de Sanidad, cuya organización y funcionamiento se desarrollará en un futuro reglamento y que estará coordinado con el Registro Nacional de Instrucciones Previas, que en estos momentos está en fase de borrador de Real Decreto, "de tal manera que cualquier ciudadano de Castilla-La Mancha pueda dejar por escrito cuáles son sus deseos en su relación con el sistema sanitario en el supuesto caso, de que llegado el momento, no pueda disponer de sus plenas facultades físicas y mentales", explicó el consejero.