Así lo precisó en un comunicado el gabinete de Mónica García, que presidió la reunión de la Conferencia Sectorial del Plan Nacional sobre Drogas, en la que se aprobó la distribución de una cifra que supone un incremento de dos millones respecto al año anterior y que está destinada a financiar, durante 2025, actuaciones en prevención, asistencia y control de las adicciones en las comunidades autónomas.

Este aumento en la dotación económica para 2025 ha sido posible gracias a ingresos extraordinarios en el Fondo de Bienes Decomisados a los narcotraficantes.

En concreto, a principios de año se produjo un ingreso “puntual y significativo”, según el ministerio, derivado de una sentencia judicial firme en un proceso de “especial relevancia”, lo que permitió incrementar en dos millones de euros los recursos disponibles para estas transferencias respecto al ejercicio anterior.

La inclusión de estos fondos adicionales requirió una ampliación del expediente administrativo y la correspondiente validación por parte del Ministerio de Hacienda, lo que ocasionó un “retraso” en la aprobación formal del reparto, según Sanidad.

NUEVOS DESAFÍOS

“No obstante, una vez finalizado el procedimiento, se ha podido someter el acuerdo definitivo a votación en la Conferencia Sectorial, permitiendo así reforzar la capacidad de actuación de las comunidades autónomas frente a los nuevos desafíos en materia de adicciones”, abundó.

En su intervención, la ministra subrayó el “papel fundamental” que desempeñan las administraciones públicas, el tercer sector y las sociedades científicas en el abordaje integral de las adicciones, destacando la necesidad de mantener “una respuesta coordinada, basada en la evidencia científica y en los compromisos internacionales en materia de salud pública”.

REPARTO

Los fondos se repartirán entre las comunidades autónomas siguiendo criterios objetivos acordados previamente.

La mayor parte, un 60%, se asignará en función de la población de cada territorio y un 20% tendrá en cuenta la dispersión geográfica, para garantizar que los recursos lleguen “adecuadamente” a zonas menos densamente pobladas.

Un 10% se distribuirá según la “magnitud” del problema en cada comunidad, medida a través de datos como los inicios de tratamiento y la mortalidad asociada a las adicciones y un 9% se entregará de forma “igualitaria” a todas las comunidades, con un complemento específico para Ceuta y Melilla, en “reconocimiento” a sus “particularidades”.

Por último, el 1% restante se reservará para financiar proyectos de interés común presentados por alguna comunidad autónoma.