La reunión, celebrada este martes en la sede del departamento que dirige Mónica García, sirvió para actualizar la información sobre el proceso en el que se encuentra la tramitación de la nueva Ley, así como los siguientes pasos a dar y el calendario de trabajo previsto.

Entre otras cosas, el texto legislativo recoge el derecho de las organizaciones a recibir información y también les concede un reconocimiento jurídico específico para estas asociaciones como entidades representativas, al tiempo que impulsa su acceso a la financiación pública suficiente, con criterios objetivos y transparentes.

La POP manifestó en un comunicado que valora "muy positivamente la continuidad de este espacio de trabajo, que permite seguir avanzando de forma coordinada en un proceso legislativo de gran relevancia para el movimiento asociativo de pacientes y para el fortalecimiento de la participación de la ciudadanía en la gobernanza del Sistema Nacional de Salud".

Además, reiteró su "compromiso de seguir colaborando de manera constructiva, aportando su experiencia, conocimiento y capacidad de articulación del movimiento de pacientes a nivel estatal, con el objetivo de contribuir a una ley sólida, representativa y alineada con las necesidades reales de las personas con enfermedades crónicas".

La POP celebró que este proceso "consolida una etapa de construcción conjunta entre las organizaciones de pacientes y las instituciones públicas, orientada a reforzar la legitimidad, la transparencia, la participación y la sostenibilidad del movimiento asociativo en el ámbito sanitario".

También celebró que este nuevo encuentro se enmarca "en la dinámica de diálogo y colaboración institucional que la POP viene desarrollando con el Ministerio de Sanidad para contribuir a la construcción de un marco legal propio que reconozca el papel de las organizaciones de pacientes dentro del sistema sanitario y social español".

Por último, indicó que la POP y sus entidades siguen trabajando para que la futura Ley de Organizaciones de Pacientes suponga "un avance estructural en el reconocimiento del valor social, sanitario y democrático de las entidades que representan a millones de pacientes, familias y personas cuidadoras en nuestro país".