Una vez obenido el informe del fiscal, Moreiras podría inhibirse a favor de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ya que ésta es la única que puede entender de las causas especiales seguidas contra un aforado, como es el caso de Cartagena, y el único órgano judicial que puede solicitar a las Cortes el suplicatorio para procesarle.

Las mismas fuentes indicaron que el juez está estudiando o bien remitir toda la causa al Alto Tribunal o únicamente aquella parte de las diligencias en las que aparece involucrado el arlamentario, que se desglosaría así del resto de la causa.

Cartagena Traveseda, que es también alcalde de Orihuela, es titular de un contrato de cesión de crédito presuntamente suscrito con otro nombre, según el informe emitido por los peritos judiciales.

Estos se basaron para elaborar su dictamen en la lista "SJ5" que forma parte de la documentación incautada por Moreiras durante los registros practicados en el Banco de Santander, y los titulares que aparecen en ella son distintos a los que la ntidad bancaria declaró a Hacienda.

El Banco Santander realizó entre los años 1986 y 1989 unas 49.000 operaciones de cesiones de crédito en las que pudo incurrir en delito fiscal y que ascendieron a 401.503 millones de pesetas, aunque la mayoría de los clientes regularizaron su situación.