De esta manera, Santiago Muñoz Machado se convierte en el único intelectual en la actualidad miembro de número de tres reales academias integradas en el Instituto de España, ya que, además de ser académico de la RAE desde 2013, pertenece a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (Racmyp) desde 2012.

En el acto de ingreso, Muñoz Machado leyó el discurso 'El poder y el Derecho Administrativo de nuestro tiempo', que fue respondido en nombre de la RAJyLE —institución presidida por Luis María Cazorla Prieto— por Tomás Ramón Fernández Rodríguez.

El acto convocó a personalidades como el Secretario General de la Organización de Estados Iberoamericanos, y el Secretario General de todas la academias jurídicas de Iberoamérica; la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, todos los presidentes eméritos del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, vicepresidentes y magistrados de ambas instituciones, consejeros de Estado —entre ellos Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, 'padre' de la Constitución—, presidentes y académicos de varias academias integradas en el Instituto de España, académicos de la Real Academia Española y de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas; presidentes y secretarios generales de algunas de las principales empresas de España, así como catedráticos de varias universidades de todo el país.

En su discurso, Muñoz Machado subrayó que la Administración Pública surgida de la Revolución Francesa y en España a raíz de la primera Constitución de 1812, acumuló enseguida un poder de gran amplitud, hasta el punto que Alexis de Tocqueville escribió que era un poder que no habían conocido nunca, por su importancia, los reyes de Europa, y que había que remontarse a los tiempos del Imperio romano para encontrar algo semejante.

Ese poder tan amplio se refería no solo a las competencias materiales amplias que recibió la Administración paulatinamente, sino a la calidad de sus poderes, que le permitían aprobar normas y adoptar decisiones ejecutivas "irresistibles para los ciudadanos". Una rama del Derecho, el Derecho Administrativo, se especializó desde comienzos del siglo XIX en el control de ese "poder descomunal" y a lo largo de los decenios transcurridos desde entonces ha conseguido "arbitrar instrumentos que permiten hacer efectivo el sometimiento pleno de la Administración a la legalidad y garantizar con eficacia los derechos de los ciudadanos, cuando resultan afectados por actos u omisiones de la Administración".

"Ha sido una gran conquista conseguida con el esfuerzo de generaciones sucesivas de juristas a lo largo de dos siglos", afirmó, pero alertó de que actualmente toda esa gran construcción "está amenazada por el rápido progreso de la revolución digital y, en particular, de la inteligencia artificial".

Así, "muchos de los parámetros hasta ahora utilizados para controlar el poder están cambiando. La dimensión territorial del problema es global y de relevancia global son las amenazas que afectan a la democracia; no bastan las regulaciones estatales, que resultan insuficientes: derechos fundamentales a la participación política, intimidad, protección de datos, propiedad intelectual y libertad de expresión están afectados y son necesarias nuevas formas de protección".

En consecuencia, añadió, todos los mecanismos que afectan a la toma de decisiones públicas y su comunicación a los ciudadanos en el caso de las que afectan a sus derechos "tienen que ser remodelados en el marco de procedimientos nuevos, que aseguren una correcta formación, transparencia y control de los algoritmos en que se basan los sistemas de IA".

Por tanto, "hay que repensar todas las formas de relación de los ciudadanos con el poder público y articularlas de nuevo porque las existentes ahora no responden a los retos emergentes de la IA". Además, consideró "necesario habilitar remedios a la gran brecha digital que van a padecer crecientemente los ciudadanos que tienen dificultades para acceder a la IA".

Después de remarcar la importancia de los problemas a los que se enfrenta la sociedad en este ámbito, concluyó con un mensaje optimista sobre las posibilidades de frenar las consecuencias perversas de un uso indebido de la IA, aunque terminó advirtiendo que el reto es semejante al que se enfrentaron las generaciones europeas posteriores a la Revolución Francesa y el inicio del constitucionalismo para someter a control a los poderes públicos. "En este caso nos enfrentamos a poderes privados carentes de la misma legitimidad democrática, que están pretendiendo imponerse al Estado mismo", sintetizó.

Muñoz Machado es catedrático de Derecho Administrativo, abogado, escritor, académico, historiador, investigador y editor. Es académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y de la Real Academia Española, de la que es director, y es presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale). Además, es consejero nato de Estado y fue presidente del Instituto de España en 2019.

Es autor de una extensa y variada bibliografía, que abarca casi un centenar de libros e innumerables artículos y estudios sobre diversas materias. Es premio Nacional de Ensayo (2013) por 'Informe sobre España. Repensar el Estado o destruirlo' y premio Nacional de Historia (2018) por 'Hablamos la misma lengua. Historia política del español en América desde la conquista a las independencias'.