El juez acuerda darle vista de las actuaciones a partir del informe emitido por la UCO el día 5 de junio del presente año, que son las que le conciernen, sin perjuicio de que pueda también acceder a las practicadas previamente. La providencia añade que, habiéndose tenido conocimiento de que dicha persona ha anunciado de manera pública (nota de prensa de 12 de junio de 2025) que hará entrega de su acta de diputado, le pregunta si persiste en esa decisión y, si así fuera, le requiere para que manifieste si lo hará antes o después de la fecha señalada para comparecer ante el TS (25 de junio).

Si en este espacio de tiempo, Santos Cerdán renuncia a su escaño y, por tanto, deja de ser aforado, tendrá que acreditar su nueva condición ante el Tribunal Supremo. En cambio, “si nada expresa al respecto”, dice el instructor, “se entenderá que dicha renuncia a su condición de diputado no se ha producido”.

En otra providencia, el juez tiene por personado como acusación popular al partido político Unión del Pueblo Navarro, si bien deberá actuar bajo la dirección letrada unificada establecida para las acusaciones populares.

En esa misma resolución, el juez contesta a peticiones del exministro José Luis Ábalos para que se le devuelvan varias memorias digitales, unas intervenidas en la vivienda de Koldo García Izaguirre, y otras en el registro de su casa esta semana.

El informe de la UCO ha dado un vuelco a la investigación. Las revelaciones sobre Santos Cerdán abren una nueva vía para indagar en este presunto caso de corrupción. En el caso de que Cerdán no deje su acta de diputado y siga siendo aforado no podrá ser interrogado más que si acude voluntariamente a la citación del día 25. Ni tampoco se podrá proceder a realizar registro alguno o a la incautación de sus dispositivos electrónicos.

Eso no significa que la investigación quede paralizada, pero el magistrado tendrá que solicitar el suplicatorio al Congreso mediante una exposición razonada que recoja los indicios de delito que pueda haber en su contra.

La UCO atribuye a Cerdán delitos de cohecho y pertenencia a organización criminal, en virtud de esos indicios, el juez Leopoldo Puente podría decretar la detención del exsocialista por el riesgo de fuga o de destrucción de documentos.

En caso de que Cerdán deje de ser diputado, el instructor podría pedir en cualquier momento una investigación patrimonial, una intervención de sus comunicaciones o un registro de su domicilio. Quedaría también por dilucidar si la investigación sobre el cargo socialista se queda en el Supremo como parte de la causa en la que se investiga a José Luis Ábalos o si para a la Audiencia Nacional donde se investiga la parte de la trama que no afecta a aforados.