Satse recordó que, salvo en el caso del País Vasco, Cataluña y Navarra, las personas privadas de libertad en las restantes comunidades autónomas "siguen sufriendo una precaria atención sanitaria y cuidados motivada en gran parte por las difíciles y penosas condiciones laborales que tienen los profesionales sanitarios que trabajan en los centros penitenciarios, especialmente las enfermeras y enfermeros", aseguraron desde la organización sindical.

En este sentido, Satse denunció que las enfermeras y enfermeros que trabajan en los centros penitenciarios se encuentran muy sobrecargados y sufren continuas situaciones de estrés y tensión asistencial, al no contar con los suficientes recursos y apoyos. Además, "tienen que realizar funciones que no les competen en un entorno laboral que conlleva muchos más riesgos para su salud y seguridad personal".

Tras el traspaso a Navarra, en agosto del pasado año, Satse "no tiene constancia de avances significativos en las negociaciones con el resto de las comunidades autónomas". Por ello, reclamó que, "de una vez por todas, autonomías y Gobierno estatal muevan ficha en favor de la salud de las personas privadas de libertad y de los profesionales sanitarios".

Según el Sindicato de Enfermería, la falta de avances se debe a la diferencia de criterios de las distintas administraciones en cuanto al coste del traspaso competencial, lo que vuelve a evidenciar que, por encima de la salud de las personas, se priorizan los intereses económicos. “Se trata de un nuevo ejemplo de la falta de interés y desidia de nuestros responsables públicos y políticos en mejorar y reforzar nuestra sanidad pública”, señalaron desde el Sindicato de Enfermería.

Por último, Satse recalcó que el hecho de que sea aún el Ministerio del Interior el que gestione la sanidad penitenciaria en 14 de las 17 comunidades autónomas "conlleva duplicar sin sentido numerosos recursos, falta de comunicación y coordinación con los servicios de salud correspondientes y, en el caso de los profesionales, una clara e injustificable discriminación al no tener las mismas condiciones laborales y profesionales que sus compañeros y compañeros dependientes de las autonomías".