Según informó Satse este lunes, la negociación mantenida con el Ministerio de Sanidad posibilitó la inclusión de un decálogo de actuaciones y medidas con el objetivo de proteger a enfermeras, fisioterapeutas y resto de profesionales de la sanidad pública ante la creciente escalada de agresiones verbales y físicas y de situaciones de violencia por razón de género o de carácter sexual.

Así, el proyecto normativo contempla en su artículo 24, relativo a los derechos individuales del personal estatutario, que haya un plan de prevención y actuación frente a las agresiones y actitudes violentas hacia las personas empleadas.

También establece que los servicios de salud deben promover la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos relacionados con la violencia laboral y la violencia contra la mujer.

El Sindicato de Enfermería subrayó que “son todas actuaciones de tal necesidad e importancia que no se puede esperar a que el proyecto normativo culmine su tramitación pendiente y se apruebe en el Congreso de los Diputados para ponerlas en práctica”. Por ello, reclamó a las consejerías de Sanidad que las implementen en sus respectivos servicios de salud lo más pronto posible.

SITUACIONES VIOLENTAS

Satse insistió en que los últimos datos del Ministerio de Sanidad constataron que la violencia en el ámbito sanitario es un grave problema cuya incidencia es cada vez mayor. En concreto, en 2025 se denunciaron un total de 18.563 agresiones, un 8,74% más. Del total, un 30% fueron sufridas por enfermeras, un porcentaje superior al registrado en 2024, que fue un 29%.

La organización sindical recalcó que su implementación debe ser conjunta y coordinada en todas las autonomías “para que no haya diferencias en función del servicio de salud en el que trabaje la víctima de una situación de violencia, sea del tipo que sea”. “Cualquier persona ha de trabajar sin miedo y con la plena certeza de que su administración va a hacer todo lo posible para evitar situaciones violentas y que, si se producen, tendrá todo el apoyo y ayuda necesaria”, apuntó.

AUTORIDAD PÚBLICA

La reforma del actual Estatuto Marco, que data de 2003, también reconoce al personal estatutario como Autoridad Pública, algo que, desde la reforma del Código Penal de 2015, ya es una realidad, para que las agresiones o amenazas graves contra el personal sanitario que trabaja en centros públicos se castiguen como un delito de atentado contra la autoridad. Así, las penas son más severas que las de un delito común de lesiones o amenazas.

Otro avance del Estatuto Marco, según Satese, es que las víctimas de violencia de género o de violencia sexual que se vean obligadas a abandonar su puesto en la localidad donde venían prestando sus servicios tendrán derecho al traslado a otra plaza de su misma categoría profesional sin necesidad de que sea vacante y, de esta forma, poder hacer efectiva su protección o el derecho a la asistencia social integral.

En lo que respeta a las excedencias, tendrán derecho a solicitarlas sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma. También tendrán derecho a la reserva de la plaza de origen y durante los seis primeros meses al puesto de trabajo que desempeñasen, siendo computable dicho período a efectos de antigüedad, carrera y derechos del régimen de Seguridad Social.