El acto, convocado con motivo del Día Mundial para Prevenir la Explotación, los Abusos y la Violencia Sexuales contra la Infancia, revindicó también que ese cambio terminológico no es solo una cuestión de lenguaje, sino de protección real. “Hablar de pornografía infantil invisibiliza la violencia que sufren miles de niños y niñas y contribuye a normalizar delitos sexuales contra la infancia y la adolescencia”, afirmó la directora de Influencia y Desarrollo Territorial en Save the Children, Catalina Perazzo. “No estamos hablando de contenido erótico entre personas adultas, sino de agresiones sexuales a niños y niñas, que son grabadas y compartidas. Cada archivo es una prueba de violencia”, dijo.

En 2024 se registraron más de 19,8 millones de denuncias relacionadas con material sexual que involucraba a menores de edad a nivel mundial, que contenían 62,9 millones de archivos, según el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos (Ncmec por sus siglas en inglés). Por su parte, la Base de Datos Internacional de Interpol (ICSE) contabilizó 4,9 millones de archivos hasta julio de 2024, con más de 42.000 víctimas identificadas y 18.000 delincuentes.

Estos datos reflejan la magnitud de un problema que se agrava con el auge del material generado mediante inteligencia artificial ('deepfakes' o ultrafalsificaciones), lo que exige medidas urgentes para prevenir el uso indebido de estas tecnologías. Save the Children considera que el término "pornografía" para referirse a este tipo de material no es correcto, pues involucrar a menores de edad en estos actos y representaciones siempre constituye una agresión sexual. Hablar de “pornografía infantil” invisibiliza esta realidad, minimiza la gravedad y contribuye a la normalización de los delitos sexuales contra la infancia.

Además de este cambio en la terminología, Save the Children considera que la actual tramitación del proyecto de Ley Orgánica para la Protección de Personas Menores de Edad en Entornos Digitales supone una oportunidad para actualizar la legislación y reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes. “Cada imagen compartida sin control puede convertirse en una herramienta para generar violencia contra un niño o niña. Necesitamos leyes claras, tecnología ética y educación para que la infancia crezca segura en entornos digitales”, concluyó Perazzo.