La organización explicó a través de un comunicado que entre esos avances se incluyen medidas que tipifican el uso de algoritmos configurados para amplificar contenidos delictivos y el refuerzo de la responsabilidad penal de las plataformas digitales y de sus directivos en aquellos supuestos en los que sus sistemas contribuyan a generar o amplificar estos daños.

Para esta entidad, estas medidas representan “un cambio de enfoque necesario”, ya que “reconocen que el daño que sufren niños, niñas y adolescentes en internet no depende únicamente de los contenidos que publican los usuarios, sino también de las decisiones de diseño de las plataformas y de los algoritmos que recomiendan, priorizan y amplifican contenidos perjudiciales”.

Consideró que exigir responsabilidades a las plataformas por el funcionamiento de estos sistemas “supone un paso importante” para avanzar hacia entornos digitales más seguros para la infancia y la adolescencia.

MANTIENEN LA PREOCUPACIÓN

Sin embargo, esta ONG afirmó mantener su preocupación por la incorporación de una prohibición general del acceso a las redes sociales para las personas menores de 16 años, al considerar que no garantiza una mayor seguridad para la infancia y la adolescencia.

La directora de Influencia y Desarrollo Territorial de Save the Children, Catalina Perazzo, subrayó que “el objetivo de la futura ley debe ser conseguir que los entornos digitales sean seguros para los niños, niñas y adolescentes, no excluirles de ellos de forma general. No todos los espacios digitales presentan los mismos riesgos y la infancia también tiene derecho a informarse, expresarse y participar en entornos digitales seguros”.

La entidad reconoció que la propuesta del Gobierno incorpora un procedimiento que permitirá a determinadas plataformas quedar excluidas de esta prohibición si acreditan que cumplen estándares suficientes de protección para la infancia. Save the Children consideró que este mecanismo “introduce un enfoque más flexible y coherente con una regulación basada en el nivel de riesgo de cada servicio, en lugar de establecer una prohibición uniforme para todas las plataformas”.

Asimismo, Save the Children valoró que sea la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la encargada de resolver estas exclusiones y de publicar el listado de plataformas afectadas, al aportar mayores garantías de transparencia y supervisión pública.

En este sentido, insistió en que este procedimiento debe incorporar el interés superior del niño como criterio rector, concretar los criterios de evaluación de las plataformas y garantizar que las decisiones sean adoptadas por personal con formación específica en derechos de la infancia y la adolescencia. La organización propuso además que la CNMC publique un listado actualizado de los servicios considerados redes sociales a efectos de esta ley para aportar mayor transparencia y evitar incertidumbres sobre las plataformas a las que será de aplicación esta medida.

SEGURIDAD DESDE EL DISEÑO

Para Save the Children, la protección efectiva de niños, niñas y adolescentes en el entorno digital pasa por “exigir que las plataformas garanticen la seguridad desde el diseño y por defecto, incorporando los derechos de la infancia desde la concepción de sus productos”.

“Esto implica limitar los mecanismos y algoritmos que favorecen la difusión de contenidos perjudiciales o generan dinámicas adictivas, implantar sistemas eficaces y respetuosos con la privacidad para verificar la edad de los usuarios y garantizar, por defecto, experiencias digitales adecuadas para la infancia”, continuó la organización.

Para concluir, Perazzo confesó que desde Save The Children celebran que la futura ley “avance en la responsabilidad de las plataformas y en la regulación de los algoritmos, porque es ahí donde debe ponerse el foco” y destacó que “la mejor forma de proteger a la infancia no es impedir su acceso a Internet, sino garantizar que los espacios digitales sean seguros desde su diseño y respeten sus derechos".

ENMIENDAS EN LA LEY

Los socios del Gobierno alcanzaron un acuerdo para modificar la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia en los Entornos Digitales con el fin de que las plataformas digitales solo puedan permitir el acceso a menores de 16 años si adaptan sus contenidos y obtienen una autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El acuerdo, plasmado en dos enmiendas transaccionales registradas este jueves en el Congreso, incorpora al proyecto de ley la tipificación en el Código Penal de la amplificación algorítmica de contenidos dañinos y refuerza la responsabilidad de las plataformas digitales en la protección de la infancia y la adolescencia.

Entre las principales novedades figura que será delito que las plataformas y otros servicios intermediarios utilicen sus algoritmos para amplificar contenidos lesivos, entre ellos los que incitan al suicidio o a la autolesión, los de abuso sexual infantil, los ‘deepfakes’ sexuales o los delitos de odio.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, mandó un mensaje a “Musk y compañía” y a todos los “responsables” del daño en redes sociales sobre la infancia, al señalar que “se acabó su impunidad” y defender este acuerdo.