La organización alertó de que se encuentra entre las ONG a las que se ha denegado la reinscripción necesaria para operar a partir del 1 de enero de 2026, lo que impediría la entrada de personal internacional especializado y de suministros básicos de ayuda en un contexto de “emergencia humanitaria extrema”. Según Save the Children, estas restricciones llegan en un momento en el que las necesidades de la población infantil palestina “nunca han sido mayores”.

A pesar de ello, la ONG aseguró que continuará prestando servicios vitales a través de sus 300 trabajadores palestinos y socios locales en el Territorio Palestino Ocupado, donde está registrada ante la Autoridad Palestina. La entidad recordó que los 1,1 millones de niños y niñas de Gaza llevan más de dos años sufriendo una crisis humanitaria “devastadora”, con más de 20.000 menores muertos, miles desaparecidos y casi dos millones de personas desplazadas.

Save the Children denunció que las nuevas normas de registro, descritas por la ONU como basadas en criterios “vagos y politizados”, podrían “obstaculizar gravemente el acceso a atención sanitaria, agua, saneamiento, refugio y asistencia alimentaria”, especialmente durante el invierno. La organización subrayó que ya se han registrado muertes de bebés por hipotermia y que bloquear la ayuda puede tener consecuencias “mortales”.

“Estas normas tendrán un impacto grave en el acceso a servicios básicos y pondrán vidas en peligro”, advirtió el director regional de Save the Children para Oriente Medio, Ahmad Alhendawi. La ONG recordó que las organizaciones humanitarias canalizan alrededor de 1.000 millones de dólares anuales en asistencia en el Territorio Palestino Ocupado y gestionan buena parte de los hospitales de campaña, centros de salud, programas de nutrición y servicios de emergencia.

Desde octubre de 2023, Save the Children ha apoyado a 1,6 millones de personas en Gaza, incluidos más de 800.000 niños, y a otras 118.000 en Cisjordania. La entidad anunció que seguirá “recurriendo la decisión por vías legales” e instó a la comunidad internacional a “presionar” para que Israel no aplique un sistema de registro que, advirtió, supone “otro golpe potencialmente mortal” para la población de Gaza.