La organización señaló en un comunicado que, de las 368 plazas asignadas a los tribunales de instancia, únicamente una reforzará las secciones especializadas existentes, con la incorporación de una segunda plaza en Madrid.

Save the Childen recordó que actualmente solo existen tres secciones especializadas en violencia contra la infancia y la adolescencia en toda España, ubicadas en Madrid, Barcelona y Málaga y señaló que esta cobertura resulta insuficiente para garantizar una atención adaptada a los menores durante el proceso judicial.

La entidad enmarcó esta reclamación en el volumen de casos registrados en España. Según indicó, en el año 2024 se contabilizaron 62.247 denuncias por delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes, una cifra que, a su juicio, evidencia la necesidad de ampliar la justicia especializada. Asimismo, advirtió de que los datos oficiales no reflejan la totalidad de los casos, especialmente en el ámbito de la violencia sexual, debido a la infradenuncia.

La directora de Influencia y Desarrollo Territorial de Save the Children, Catalina Perazzo, afirmó que la ampliación de plazas judiciales suponía una oportunidad para extender este modelo a otros territorios y consideró que reforzar únicamente la sección de Madrid “es claramente insuficiente para garantizar que todos los niños y niñas víctimas de violencia reciban una atención adaptada a sus necesidades”.

La organización recordó que había solicitado al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con los Cortes que parte de las nuevas plazas se destinaran a crear secciones especializadas en los partidos judiciales con mayor carga de trabajo. También señaló que los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía y de Castilla y León habían reclamado nuevas secciones para Sevilla y Burgos, respectivamente, peticiones que finalmente no fueron incluidas en la ampliación.

Por último, Save te Children pidió que la revisión de las cargas de trabajo prevista para finales de años sirva para impulsar nuevas plazas especializadas y reclamó la creación de un sistema específico de evaluación que facilite la planificación de este tipo de órganos judiciales en todo el territorio.