Así lo reivindicó en un comunicado en el que presentó sus propuestas al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con las que urge a “poner fin definitivamente” a los asentamientos chabolistas y de infravivienda, que consideró “una realidad indigna”.

A este respecto, la directora general de la Fundación Secretariado Gitano, Sara Giménez, lamentó que responsables públicos y medios de comunicación “llevan meses hablando del problema de la vivienda en España y en Europa, pero no se habla de chabolismo”, una realidad, a su juicio, “invisible” que “supone la expresión máxima de la exclusión socioresidencial y la vulneración de derechos”.

Por esta razón, estimó que este Plan de Vivienda “tiene que poner las bases para la erradicación del chabolismo”, para lo cual reclamó “más voluntad política”.

La fundación se mostró “consciente” de que, si bien el acceso a la vivienda es “un problema importante” para la población española, el “impacto” de la falta de vivienda “se siente con mayor intensidad” entre las personas “más vulnerables”, entre las que mencionó a las personas en dificultad económica, en exclusión social o en riesgo de estarlo y aquellas que “sufren discriminación en el acceso a la vivienda por su origen étnico”, como por ejemplo la población gitana.

OBJETIVO DE ESTADO

“El nuevo Plan no puede limitarse a promover ayudas al alquiler o a la rehabilitación. Debe asumir la erradicación del chabolismo como un objetivo de Estado, con indicadores y mecanismos de seguimiento”, exigió al respecto Giménez.

Tras puntualizar que, según los últimos datos, se estima que en España el 77% de las personas que viven en asentamientos son gitanas, alrededor de 18.000, la mitad menores de 16 años y de éstas, el 40% tiene menos de seis años, advirtió de que, además, la situación de infravivienda y chabolismo “impacta” en el acceso a otros derechos humanos como salud, empleo o educación.

En este contexto, valoró “positivamente” que el futuro plan contemple medidas “concretas” destinadas a la “erradicación” de los asentamientos chabolistas y de infravivienda, si bien lo juzgó “insuficiente”.

“Es necesario que el Plan recoja un mandato político más consistente, porque un país como España no puede permitirse tener chabolismo”, apostilló Giménez, al tiempo que hizo hincapié en que la posibilidad de invertir en la erradicación de asentamientos “ya estaba contemplada en anteriores planes”. “Hay que ir más allá y plantear una posible condicionalidad para recibir fondos del plan, condicionarlos e incentivar las inversiones para erradicar asentamientos”, abundó.

PROPUESTAS

Para ello, la fundación plantea, entre otras propuestas, un incremento “sustancial” de la cofinanciación estatal en las actuaciones subvencionables que tienen como objetivo la eliminación de los asentamientos chabolistas y pide que los recursos asignados a este objetivo no computen como presupuesto del plan.

Por otra parte, insta a introducir un criterio de progresividad en las medidas destinadas a personas con dificultades económicas, de manera que se “priorice” a las personas con menos ingresos, “prioritariamente” aquellas personas vulnerables que viven en chabolismo o que proceden de realojos, las familias en exclusión social, personas que sufren discriminación por motivos étnicos, así como personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital.

Por último, la FSG propone “ampliar y adaptar” las ayudas al alquiler para personas con bajos ingresos o víctimas de discriminación étnica, incluyendo la provisión de avales públicos.

“Necesitamos la voluntad política de los responsables públicos, pero también el apoyo y la empatía de los medios de comunicación y del conjunto de la sociedad. No es un tema marginal, nos afecta a todos como sociedad”, resolvió Giménez.