En declaraciones a Servimedia, Ríos respaldó la opción tomada por la Mesa del Congreso y dijo que formalmente no se puede "certificar" la asistencia de esos diputados a la reunión del 2 de octubre de 1995, porque no existe Comisión de Secretos Oficiales como tal, ni tampoco hay ningún presidente o letrado que pueda levantar acta de la sesión.

A su juicio, la Mesa no ha buscado con esta decisión ninguna controversia entre el poder judicial y la institución parlamentaria, "ni tampoco ha pretendido", putualizó, "una relativización o postergación de los temas".

Para el parlamentario de IU, el problema radica en que el magistrado de la Audiencia Nacional desconoce las normas de funcionamiento interno del Congreso y ha hecho una solicitud que, desde el punto de vista formal, no puede ser atendida por la Cámara.

Preguntado por la reacción de Gómez de Liaño ante la respuesta ofrecida por la Mesa, Ríos señaló que lo previsible es que el juez convoque ahora, uno a uno, a los seis diputados que tenían cceso a las materias clasificadas en el último tramo de la pasada legislatura, con el fin de que le confirmen que asistieron a la reunión en la que Suárez Pertierra les informó acerca de las escuchas ilegales del Cesid.