Así se refleja en el ‘Informe sobre la Inclusión Financiera en España’, elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y presentado este martes por la Asociación Española de Banca (AEB), la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc).

El informe destaca que, “pese al ajuste en la red de oficinas bancarias de España de los últimos años -concentrado en municipios de más de 10.000 habitantes-, la accesibilidad a los servicios bancarios es buena”.

El acto contó con representantes de las tres asociaciones de banca, que reafirmaron el compromiso del sector bancario con la inclusión financiera y el cumplimiento de las acciones previstas en el Protocolo Estratégico para reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca, firmado hace un año.

Entre estas medidas figura la actualización del mapa del acceso a servicios financieros en la España rural, de modo que en el futuro se puedan arbitrar, en su caso, conjuntamente entre el sector y las administraciones públicas, mecanismos para ampliar el acceso a los servicios financieros básicos de la población.

La directora general de AEB, María Abascal, resaltó que “el sector está trabajando con sensibilidad y responsabilidad para dar una respuesta adecuada a esta situación”. En esta línea, el director corporativo de Servicios Asociativos y Recursos de CECA, Antonio Romero, destacó que “la despoblación en España es un fenómeno que afecta a la provisión de todo tipo de servicios”. “El sector bancario, en línea con su compromiso social, lleva muchos años desplegando medidas para favorecer el acceso de servicios financieros en las zonas rurales”, añadió.

Por su parte, la secretaria general de Unacc, Cristina Freijanes, remarcó “el compromiso del sector financiero con la sociedad, que se plasma en las iniciativas que las asociaciones llevamos a cabo de manera conjunta, para unir esfuerzos en aras de objetivos comunes”.

Con respecto al proceso de ajuste de la red de oficinas bancarias, el informe defiende que ha estado motivado por la crisis financiera, los problemas de baja rentabilidad del sector en un contexto de reducidos tipos de interés y el crecimiento de la competencia bancaria y no bancaria.

Así, concluye que dicho proceso de ajuste, “no se ha traducido en exclusión financiera, debido a la existencia de otros puntos de acceso a los servicios bancarios (cajeros automáticos, agentes financieros, oficinas móviles, oficinas de Correos) y el crecimiento de los usuarios de banca por internet”.

Por otro lado, apunta que el 81,8% del ajuste realizado en la red de oficinas ha tenido lugar en municipios de más de 10.000 habitantes, mientras que en los de menos de 1.000 habitantes “únicamente se concentra el 3% de la reducción”.

Además, el informe señala que en el conjunto de estos municipios “no puede hablarse de exclusión financiera”, ya que, si se tienen en cuenta las otras vías de acceso a los servicios bancarios, el porcentaje de población en estas circunstancias pasaría del 3,3% al 1,4%.

“En concreto, 898.131 personas y 1.192 municipios pueden acceder a servicios bancarios en su municipio de residencia gracias a que el sector bancario ha adoptado medidas para evitar la exclusión financiera en forma de instalar un cajero donde no hay oficina, firmar un acuerdo con Correos, ofrecer los servicios de un agente financiero y/o prestar servicios a través de oficinas móviles”, señala el estudio.

Teniendo en cuenta, además, el acceso a otras oficinas cercanas se concluye que “el problema de accesibilidad a los servicios bancarios está muy acotado”, ya que el 99,1% de la población tiene un punto de acceso a los servicios bancarios a menos de cinco kilómetros de distancia y el 99,5% a menos de diez minutos.