En un comunicado, las cuatro entidades han destacado que los servicios que dan van “más allá de las residencias de mayores” como la teleasistencia, la atención a domicilio o los centros de día. Consideraron que quienes desempeñan ese trabajo diariamente “no merecen ser vilipendiadas por las declaraciones y afirmaciones vertidas sobre el sector, basadas en denuncias individuales”.

Han resaltado que las imágenes y declaraciones emitidas recientemente les resultan “lamentables” y están interesados en “que se depuren responsabilidades y, si fuesen necesarias, se lleven a cabo la imposición de sanciones o inhabilitaciones”. “Rechazamos la alarma social injustificada que se crea, tratando estos temas con una flagrante frivolidad motivada por cuestiones que, a nuestro juicio, distan mucho del interés por los mayores”, han recalcado.

Del mismo modo, han animado a los trabajadores a que pongan en marcha mecanismos que permitan actual “de manera inmediata” y mejorar la atención a los mayores.

Mientras, han pedido que se trate “con el respeto y reconocimiento social que merecen” a los trabajadores del sector y no vean sus capacidades “empañadas por cuestiones que trascienden a sus funciones”.

El colectivo de personas mayores representa más del 20% de la ciudadanía y tenderá a tener más peso, por lo que “toda inversión social que permita generar un sistema amplio de cuidados de calidad debe ser obligación de todos”, han defendido.

Igualmente, reclaman “cuanto antes” un Pacto de Estado entre los grandes partidos políticos para definir un sistema de atención sostenible en el tiempo, “con una financiación digna de plazas y servicios y con precios de concierto que puedan actualizarse, incluso durante la vigencia del contrato”, y que esos recursos también permitan a los mayores permanecer en sus domicilios.

“En definitiva, un acuerdo firme, que logre un futuro mejor y más digno para toda la ciudadanía y que no pasa, como parece estar sucediendo, por denigrar de manera poco objetiva a un sector”, han concluido.