Según las cifras facilitadas por el consorcio BSA en España, alianza internacional de empresas informáticas para la lucha contra el fraude y la "piratería" en el sector, sólo un 27% de los programas utilizados en España son legales.

En Europa, según estas cifras, la piratería ha descendido sensiblemente pasando del 61% en 1993 al 58,6% en 1994. Sin embargo, las pérdidas económicas por ingresos no obtenidos han crecido un8%, por la evolución de los precios informáticos, alcanzando en el continente los 6.000 millones de dólares, unos 738.000 millones de pesetas.

En el contexto internacional, las medidas legales adoptadas por el Parlamento han permitido relegar a España de la cabeza de los países euopeos con más actividad ilegal del sector. Un claro ejemplo de ello es la reducción de las pérdidas económicas originadas de 46.500 a casi 29.500 millones.