Así lo indica en declaraciones a Servimedia el directivo de la patronal inmobiliaria madrileña, que reacciona de esta manera al compromiso que adquirió este jueves la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante su comparecencia en el Congreso.

El Ejecutivo volverá a llevar al Consejo de Ministros un anteproyecto de ley por el que se modificará el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana que fue aprobado en primera vuelta en la pasada legislatura, pero no llegó a comenzar su tramitación parlamentaria por la convocatoria de elecciones generales.

En su discurso, Rodríguez destacó que existen “algunas dificultades” en el desarrollo urbanístico en España y, por tanto, tienen la “responsabilidad de adaptar y mejorar este marco normativo vigente”. Se trata de una demanda que se volvió a poner de manifiesto en la Conferencia Sectorial que se celebró con los consejeros de Vivienda la semana pasada, según la ministra.

“Vamos a reactivar esta reforma legislativa para dotar de estos instrumentos de estabilidad, certeza y seguridad jurídica porque estos planes políticos y territoriales van a ser una herramienta imprescindible en el desarrollo de todo el parque nuevo de vivienda”, subrayó.

El representante de Asprima llamó, no obstante, a analizar también las leyes de suelo autonómicas porque son “al final” las que “se aplican” y reclamó que durante su tramitación se tenga en cuanta a los promotores inmobiliarios.

En concreto, pidió que la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña), patronal de ámbito estatal, forme parte del futuro Consejo de Asesor de Vivienda, que el Gobierno también se ha comprometido a crear en los próximos meses.

REFORMA PENDIENTE

La reforma de la Ley del Suelo es una de las reivindicaciones históricas del sector inmobiliario y ha llegado a ver la luz -aunque no definitivamente- tanto con el Gobierno de Pedro Sánchez como con el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

En diciembre de 2022, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la reforma en primera lectura y el objetivo era culminar la aprobación a lo largo de 2023. La entonces titular de las competencias de Vivienda, Raquel Sánchez, señaló en aquel momento que se pretendía "actualizar" el planeamiento urbanístico y territorial, y "simplificar la burocracia" sin generar "merma alguna de la seguridad jurídica y del interés general".

La ministra explicó que el Ejecutivo pretendía dar un "impulso" a las políticas de vivienda y "evitar la paralización" del planeamiento territorial que se ha producido "durante años" en numerosos municipios "por defectos menores que son fácilmente subsanables".

Por su parte, a finales de mayo de 2018, el exministro de Fomento, Íñigo de la Serna, llegó a aprobar un anteproyecto que pretendía limitar a cuatro años el plazo para presentar denuncias contra los planes urbanísticos y dar un plazo de hasta un año y medio para que se subsanasen los errores denunciados mientras se mantenía en vigor el mismo.

En su programa electoral para las pasadas elecciones generales, el PP prometía impulsar una ley de seguridad jurídica en materia de urbanismo que garantizase “la perdurabilidad de los planes urbanísticos cuando se impugnen cuestiones no estructurantes de los mismos”, por lo que no es descartable que ambas formaciones pudieran llegar a un acuerdo para sacar adelante la reforma.