Así lo pidieron el presidente de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval), Francisco Alonso, y el presidente del Observatorio de Morosidad de Cepyme y presidente de la Asociación de Empresas del Metal de Madrid (Aecim), Luis Collado, en un diálogo con Servimedia en el que abordaron el problema de la morosidad en España.

Collado señaló que están “trabajando” para que sea “obligatorio” en la adjudicación de cualquier concurso público que la empresa adjudicada demuestre un “cumplimiento” de un plazo de pago “coherente con el plazo de cobro que ha tenido ese contratista” y que este dinero “no se use para otros fines”.

Puso de ejemplo que cuando una persona compra en una gran superficie paga al contado, pero “al proveedor esa gran superficie no le está pagando al contado, sino que le está pagando a una media de 120 días”. “Ese desfase financiero lo está soportando el proveedor y fundamentalmente la pyme”, dijo.

También, apuntó que están “trabajando” para que las subcontratas de la obra pública cobren tengan “plazos de pago coherentes” por parte de la empresa principal porque estos “no se cumplen” y son “fundamentales para que toda la cadena tenga las necesidades de tesorería” cubiertas.

Por su parte, Alonso señaló que la Ley de Morosidad del año 2010 está “muy bien hecha” pero carece de un “reglamento sancionador” automático que estipule sanciones automáticas, por lo que “sobre todo, las grandes empresas” hacen “caso omiso” de los plazos.

Recalcó que si una pequeña empresa “quiere reclamar” un pago a una gran empresa, se arriesga a perder ese cliente. “Cuando nosotros incumplimos con Hacienda, automáticamente el día siguiente tenemos un 20% más. Nadie tiene nadie que mirar nada”, puso a modo de ejemplo.

El presidente de Femeval aseveró que “hay que ayudar” en especial a la pequeña empresa, porque, de lo contrario, “dependeremos solo de las grandes y al final pondrán ellos los precios y harán ellos lo que crean que pueden hacer”.

OTRAS MEDIDAS

Otra medida reclamada por el presidente de Aecim se refiere a los casos en los que una empresa realiza un servicio a un cliente que no es la propiedad y, por ley, tiene que facturar el IVA a la Agencia Tributaria. Collado apuntó que este organismo tarda una media de 130 días en pagar, lo que supone “la pérdida del margen necesario para el beneficio de la empresa”. Además, apuntó que no hay fecha fija de pago.

También reclamó cambios en la retención de garantía de obra. Cuando una empresa realiza una obra, el cliente retiene un porcentaje para defectos que puedan surgir.

“Esta garantía tiene que existir”, dijo, pero rechazó una “retención dineraria del importe total de la factura”, porque si esta es del 5 o 10%, junto con el IVA del 21% “estamos hablando de hasta un 31% de falta de flujo de caja en una empresa que anda con lo justo y que no tiene un margen para sobrevivir”.

Además, también rechazó la configuración actual de la figura del 'confirming', que es un servicio financiero que permite gestionar los pagos de una empresa a sus proveedores. Collado señaló que con el 'confirming' se tiene “garantizado el pago en plazo”, pero el “anticipo” de ese pago en una entidad financiera “conlleva un coste financiero, que fija el pagador”.

Denunció que en “muchísimos casos” los costes son “abusivos”, por encima del 10 o 12%. “Esto tenemos que pararlo, porque esa figura lo que está haciendo es poco a poco arruinar y limitar los recursos para el crecimiento y para el desarrollo de todas las empresas”, señaló.