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El sector de la papelería exige al Gobierno una fiscalidad “justa” para el material escolar

MADRID
SERVIMEDIA

La Asociación del Sector de la Papelería (ASP) hizo este martes un llamamiento al Gobierno para que revise con “urgencia” la normativa fiscal vigente en torno al material escolar para que sea considerado un bien de primera necesidad.

Los cuadernos, lápices, gomas, bolígrafos o reglas están gravados con el 21% de IVA, en contraste con el tipo superreducido del 4% que se aplica a los libros de texto, una situación que ha llevado al sector de la papelería a pedir una fiscalidad “equiparable” al resto de Europa.

A tenor del informe, destacó que “la falta de un marco nacional coordinado de apoyo a las familias ha derivado en una profunda disparidad territorial”. Asimismo, afirmó que esta “ausencia de política común” hace que sean las comunidades autónomas quienes asumen la responsabilidad de articular ayudas para el acceso al material escolar, lo que genera “una desigualdad estructural entre territorios”. Para la ASP, esta heterogeneidad es fruto de las prioridades políticas o el diseño de la financiación autonómica en cada territorio.

La Encuesta de Gasto de los Hogares en Educación y la Encuesta de Presupuestos Familiares revelan que en los hogares con menos ingresos el coste del material escolar supone un 2,73% del presupuesto anual, mientras que en los casos con mayor capacidad adquisitiva este mismo esfuerzo es del 1%.

En los centros públicos, el gasto medio por alumno es de 281 euros y en los colegios privados o concertados esta cifra asciende a los 432 euros. En la red privada, las familias invierten más dinero en uniformes y un 64% más en libros de texto que las que llevan a sus hijos a centros públicos, algo que se debe a “la escasa disponibilidad de becas y ayudas directas”, según la asociación.

Las familias españolas destinan el 9,24% de su renta a la adquisición de material escolar y en Italia el 10,80%, a pesar de que estos dos países cuentan con salarios medios “significativamente más bajos” que otros Estados de la Unión Europea. “Este desequilibrio evidencia la presión añadida que enfrentan las economías domésticas en contextos de menor poder adquisitivo, donde el acceso a la educación implica un sacrificio económico más elevado”, aseguraron desde ASP. Hay otros países, como Francia o Reino Unido, en los que se aplican tipos impositivos del 20% al material escolar, pero “muchos de ellos compensan esta carga fiscal con políticas públicas activas como ayudas directas, deducciones fiscales o distribución gratuita”.

El presidente de la ASP, Josep Buixeda, aclaró que para revertir esta situación es necesaria una “voluntad política y una visión de futuro que entienda que la inversión en educación empieza por el garantizar acceso igualitario a los materiales básicos”.

(SERVIMEDIA)
15 Abr 2025
DSC/mmr/clc