Ambas organizaciones adviriteron que la situación “no ha hecho más que agravarse en las últimas semanas” y alertaron de que “numerosos buques podrían verse obligados a cesar su actividad de forma inminente por falta de rentabilidad".

Las dos organizaciones señalaron que el principal factor detrás de esta crisis es el notable incremento del precio del combustible, que ha pasado de situarse entre 0,50 y 0,60 euros por litro en enero a superar los 1,3 euros en muchos puertos españoles, e incluso los 2,2 euros en otros países. Este aumento está elevando de forma drástica los costes de explotación, situando a numerosas empresas por debajo del umbral de rentabilidad.

El sector pesquero en España, integrado por unos 30.000 pescadores, genera además más de 150.000 empleos indirectos y aporta cerca de 10.000 millones de euros de valor agregado bruto, lo que da cuenta de su relevancia estratégica para la economía, el empleo y la cohesión territorial. En este contexto, las organizaciones subrayaron que lo que está en juego "no es solo la viabilidad económica de las empresas pesqueras, sino también miles de empleos directos e indirectos, la seguridad alimentaria y el mantenimiento del tejido social y económico de las comunidades costeras”.

Ante este escenario, ambas organizaciones consideran insuficientes las ayudas recogidas en el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, que reconoce expresamente el impacto del incremento del precio del combustible sobre la viabilidad económica del sector pesquero, así como el encarecimiento de envases, almacenamiento frigorífico y transporte marítimo como factores agravantes. Por ello, plantean al Gobierno un paquete de medidas adicionales de aplicación inmediata.

50 CÉNTIMOS POR LITRO

Entre las medidas solicitadas, ambas organizaciones reclamaron el incremento de las ayudas al combustible de 20 a 50 céntimos por litro y su abono mensual para garantizar liquidez a las empresas. Asimismo, solicitaron que la Administración tenga preparados todos los mecanismos necesarios para activar de forma inmediata las ayudas europeas previstas en el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) en cuanto sean autorizadas por la Comisión Europea.

Además, también reclamaron la exoneración y no solo el aplazamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social para empresas y trabajadores hasta, al menos, finales de 2026, como medida clave para sostener el empleo en un contexto de crisis excepcional.

Por último, las organizaciones exigieron la convocatoria de una reunión con el Gobierno para analizar la situación y concretar la aplicación de estas medidas. "El sector pesquero necesita respuestas inmediatas para poder seguir operando y garantizar el suministro de productos pesqueros a la población", aseguraron ambas organizaciones.