Según informó la confederación este lunes, el sector pesquero se suma así a la petición realizada por carta a la ministra de Defensa, Margarita Robles, por el Clúster Marítimo Español (CME), asociación que representa a más de 140 entidades que engloban a más de 3.000 empresas y entidades relacionadas con la economía azul (la economía sostenible relacionada con el sector marítimo).

Esta petición surge tras conocerse el último Informe sobre 'Piratería y Robo Armado' publicado en enero por la Oficina Marítima Internacional (IMB, por sus siglas en inglés), que advirtió del “preocupante” aumento de los incidentes de piratería marítima y robo a mano armada registrados durante 2023 y, “especialmente”, del secuestro registrado en diciembre en las costas de Somalia, el primero que se produce en esa zona desde 2017.

En concreto, según el informe de IMB, en 2023 se produjeron 105 abordajes, nueve intentos de ataque y el secuestro de cuatro embarcaciones de las que dos fueron objeto de disparos , en total, se contabilizó en 2023 más 120 incidentes de piratería marítima y robo armado contra barcos en comparación con los 115 registrados en 2022.

En estos incidentes, que “ponen en peligro la seguridad de los trabajadores del mar”, el número de tripulantes tomados como rehenes pasó de 41 a 73 mientras que, si en 2022 fueron dos los que fueron secuestrados por piratas, esta cifra se elevó a 14 en 2023.

Ante la “evidencia” de que la piratería sigue siendo “un riesgo para los barcos” que transitan frente a las costas de Somalia, el sector pesquero consideró “necesario” que España prorrogue más allá del 13 de diciembre de 2024 la ‘Operación Atalanta’ que “tan buenos resultados ha dado en la seguridad de los buques españoles” que transitan o faenan en la región.