Ante el Pleno de la Cámara Baja, Saiz anunció que el 24 de septiembre habrá una reunión con la asociación de familias afectadas Asfacume, a fin de tratar estos asuntos. Saiz hizo estas declaraciones en respuesta a la diputada del PNV Idoia Sagastizabal, quien criticó “las trabas que ponen las mutuas” a la hora de reconocer este derecho y de conceder y mantener esta ayuda económica, pensada para compensar la reducción de jornada laboral que los progenitores han de asumir para cuidar a menores afectados por enfermedades muy graves.

Saiz indicó que, de hecho, en la reunión del próximo 24 de septiembre con Asfacume participará el secretario de Estado la Seguridad Social, Borja Suárez, ya que el ministerio “va a modificar la normativa que regula esta prestación para ayudar a quienes cuidan a estas personas, que se merecen la mejor atención”.

Según la ministra, la Seguridad Social pasó de invertir 84 millones de euros en esta prestación en 2018 a 294 millones de euros en 2024, lo que supone un incremento del 250% en seis años.

Agregó que, “para ir adaptando la prestación, hemos celebrado diversas reuniones con las asociaciones de afectados que nos llevaron a asumir el compromiso firme de conseguir una mejora continua” en torno a tres elementos: ampliar la cobertura protectora de la CUME, intentar una simplificación del procedimiento administrativo asociado a la solicitud y mantenimiento de la ayuda e incluir la regularización de las cuotas de autónomos que se aplican cuando estos perciben dicha prestación en la negociación del diálogo social, que se abrirá próximamente.

En su intervención, Sagastizabal precisó que “el problema no está en la ley, sino en las mutuas que la aplican”. Denunció que estas exigen a las familias informes adicionales de especialistas; interpretan de forma restrictiva la documentación médica, y aplican criterios distintos cuando las patologías no están recogidas en el catálogo regulador” que estableció el real decreto.

En consecuencia, “las familias viven con miedo a que les retiren la CUME o pasan meses pleiteando hasta que se la conceden”, apuntó, cuando “la normativa actual permite perfectamente la concesión” incluso si una patología en concreto no figura en el catálogo. El requisito es acreditar la necesidad de cuidados constantes, pero se dan muchos casos de niños con autismo, enfermedades ultra raras y otras discapacidades severas cuyas familias ven rechazada su solicitud.