Así lo trasladaron a Servimedia fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, después de que la CRUE indicara que “nos están llegando numerosísimas consultas de estudiantes para cuya resolución las universidades no disponemos de una información correcta".

Las fuentes consultadas en el departamento dirigido por Elma Saiz señalaron que el Ministerio “se ha puesto a disposición en todo momento” de la comunidad educativa, universidades y Consejerías de Educación de las comunidades para informar y trabajar en la puesta en marcha del nuevo sistema con la obligatoriedad de la cotización de las personas en práctica. Además, resaltaron que con la propia CRUE se ha constituido un grupo de trabajo.

“La Tesorería General de la Seguridad Social ha demostrado una actitud proactiva en todos los territorios de información y divulgación de este nuevo sistema. Su disponibilidad es máxima, así lo han demostrado con las 188 reuniones que han celebrado desde la firma del acuerdo (75 de ellas con las Universidades directamente, y otras muchas con sus graduados sociales)”, añadieron desde Seguridad Social.

Estas mismas fuentes aseguraron también que se ha simplificado el procedimiento lo máximo posible y los nuevos criterios emitidos para precisar determinados aspectos se han ido haciendo públicos al momento en varios medios, como el boletín de Noticias Red y la página web de la Seguridad Social. En paralelo, concretaron que ya se han registrado más de 54.000 estudiantes en este sistema.

“La cotización de prácticas no remuneradas supone una extensión de derechos para los más jóvenes. En primer lugar, para que estén mejor protegidos, porque los accidentes no son muy frecuentes, pero a veces se producen; porque supone un inicio para su carrera de cotización y la generación de futuros derechos; y, sobre todo, porque es una toma de conciencia de la importancia que supone formar parte del sistema”, abundaron desde el Ministerio.

Cabe recordar que el nuevo sistema se aprobó en marzo de 2023 e iba a entrar en vigor en octubre. Comunidades autónomas y la propia CRUE solicitaron una moratoria de unos meses, lo que se aceptó finalmente desde la Seguridad Social.