Fuentes parlamentarias de la Cámara Alta informaron a Servimedia de que este perito presentó un parte médico ante la comisión que preside Ana Beltrán. El compareciente comunicó que esto le impedía estar este jueves a las 11.00 horas para declarar.

Este experto, cuyo testimonio se ha aplazado, es Pedro Martín Molina, presidente y socio fundador del despacho Martín Molina Abogados y Economistas. Realizó un informe sobre la situación financiera de Plus Ultra para el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que fue el que inició la causa sobre la aerolínea antes de que pasase a instruirlo el juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional.

El informe de Martín Molina señalaba que la situación financiera de la aerolínea presentaba “dudas más que razonables” sobre el cumplimiento de los requisitos para la concesión de la ayuda por la SEPI.

PROBLEMAS DE INSOLVENCIA

En concreto, este técnico se refirió a que suscitaban dudas sobre la situación de la compañía la existencia en las cuentas de un préstamo participativo; que no hubiera registrado provisiones derivadas de ciertas contingencias; la cancelación de la deuda de los bonistas y la posibilidad de existencia de situación de insolvencia.

El perito determinó además que la aerolínea, para evitar que sus cuentas reflejaran pérdidas que obligaran a la disolución, habría recurrido a diversas herramientas contables para maquillar la situación patrimonial. Estos extremos figuran en el auto del juez Calama de este 18 de mayo, por el que se imputa en la causa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El dictamen también puso el foco en una serie de desembolsos millonarios realizados por la aerolínea a raíz de recibir los fondos públicos. Los destinatarios eran sociedades que nunca habían aparecido en la contabilidad de la empresa y cuya actividad no guardaba relación alguna con el negocio aeronáutico. A ello se sumó la utilización de una entidad bancaria panameña para canalizar una de las líneas de crédito.

El juez Calama, en su auto de esta semana, ha hecho suyas las conclusiones del perito al afirmar que Plus Ultra arrastraba desde hacía más de un año una situación técnica de quiebra, con fondos propios negativos y sin capacidad real de afrontar sus compromisos de pago. Desde esa perspectiva, la aerolínea nunca reunió las condiciones exigidas por la normativa para acceder a un apoyo financiero público de esa magnitud.