Tras su aprobación en el Pleno de la Cámara Alta, el texto volverá al Congreso de los Diputados, donde será aprobado antes de fin de año.

Entre las reformas legislativas incluidas en el proyecto se encuentran la de acabar con ciertas prácticas abusivas frecuentes por parte de determinados operadores de telefonía y otros servicios de suministro; concretamente, aquellas que ofrecen todo tipo de facilidades para cursar el alta como cliente pero que imponen numerosas trabas y penalizaciones para cambiar de compañía o darse de baja.

La prohibición de los redondeos al alza, así como la del cobro por fracciones horarias, sobre todo en los aparcamientos y en la tarificación de la telefonía móvil, son otras de las medidas que incluye el proyecto de ley.

Así, cualquier cláusula que estipule el cobro de productos o servicios no consumidos quedará expresamente prohibida. También se exigirá que las tarifas, horarios y normas de uso, por ejemplo en los aparcamientos, se faciliten de manera previa.

Respecto a la compra-venta de viviendas, se dará solución a cuestiones como la subrogación obligatoria del crédito propuesto por el promotor y se aprobará la prohibición de trasladar determinados tributos que correspondan al vendedor.

GASÓLEO AGRÍCOLA

En el proyecto se ha incluido una enmienda para que sea devuelta a los agricultores parte de la cuantía que abonaron durante 2006 en impuestos aplicados al gasóleo.

De esta manera, los agricultores tendrán derecho a percibir, cuando la ley entre en vigor el 1 de enero de 2007, 0,76 céntimos de euro por litro de gasóleo consumido entre el 1 de octubre de 2005 y el 30 de septiembre de 2006.

En el Pleno, el Grupo Socialista expresará su rechazo a tres enmiendas que la mayoría formada por PP, CiU y PNV introdujo en el debate de la Ponencia en la Comisión de Sanidad y Consumo en el Senado.

Una de estas enmiendas es la que demanda la creación de un fondo de garantías para compensar a los clientes de empresas de bienes tangibles, como Fórum Filatélico y Afinsa, en caso de que se volvieran a repetir actuaciones como las que motivaron la intervención de estas sociedades filátelicas.

Otra propuesta incluida en el proyecto de ley que rechazan los socialistas es la que establece que cualquier grupo o asociación pueda defender los intereses generales de los consumidores, independientemente de su representatividad. Para los senadores del PSOE, esta posibilidad abre la puerta para que en España aparezcan grupos de presión similares a los "lobbies" americanos.

La tercera de estas enmiendas ofrece a las comunidades autónomas la posibilidad de ser oídas en consulta en el procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general que afecten a la protección del consumidor.

Por otro lado, la Entesa Catalana de Progrés volverá a someter a votación una enmienda que pretende impedir que los bancos puedan redondear al alza el interés que cobran en los créditos hipotecarios contratados a tipo variable, que fue rechazada en comisión.