De los 257 votos emitidos, la proposición de ley recibió el apoyo favorable de 231 senadores, mientras que 19 se pronunciaron en contra y hubo cuatro abstenciones. Fueron rechazadas todas las enmiendas, entre las que destacaban las de partidos que en su momento respaldaron la ley, como ERC y EH Bildu.

El amplio respaldo a la reforma derivó del voto favorable a la misma del PP, que se pronunció a favor tras introducir una serie de cambios en el Congreso y retirar las enmiendas que había planteado en el Senado con el fin de que la corrección de esta ley sea haga efectiva cuanto antes.

El visto bueno del Senado a esta reforma fue celebrada por el PP con sus parlamentarios puestos en pie y en presencia de su líder, Alberto Núñez Feijóo, quien, sin embargo, permaneció sentado mientras sus compañeros celebraran el resultado de la votación.

Lo aprobado supone que, en las agresiones sexuales, se aumentarán las penas mínimas y algunas máximas de la norma original para los casos en que existe violencia e intimidación. Se busca así que los acusados no obtengan una condena inferior a la que obtendrían con la normativa anterior, aunque los presos que ya están en la cárcel por estos delitos podrán seguir beneficiándose de la revisión de sus sentencias.

“DEROGACIÓN DEL SANCHISMO”

La votación en el Senado se produjo después de que, por la mañana, los partidos reiteraran los argumentos que ya dieron en el Congreso. Así, PP y Ciudadanos apoyaron la corrección de la ley, mientras que ERC y EH Bildu cuestionaron los cambios introducidos y acusaron al PSOE de haber cedido a las presiones de la derecha política y mediática sobre las rebajas de penas.

Por parte del PP, su senadora Patricia Rodríguez afirmó que con la corrección de la Ley de Libertad Sexual “comienza la derogación del sanchismo”, en alusión a la importancia que a esta norma le daba el Gabinete de Pedro Sánchez.

Rodríguez afirmó que, al apoyar esta reforma, el PP demuestra que es una fuerza política “que está a la altura de lo que necesita España”. Además, señaló a Sánchez como el “culpable” del “error legislativo más clamoroso” que se ha producido en democracia y por el que el presidente se niega a afrontar “ceses o dimisiones”.

Sin embargo, José María Oleaga, del PSOE, dijo que su partido está “muy orgulloso” de Sánchez, puesto que “ha sido capaz de reconocer un error, de pedir perdón a las víctimas y de presentar la única propuesta viable" para resolver el problema de la rebaja de penas. Además, se refirió a que sólo ha habido con los populares un “acuerdo de carácter técnico”.

Asimismo, la senadora socialista María Elena Diego, que intervino también en el debate, indicó que en la reforma se mantiene el consentimiento como eje central de la ley del ‘sólo sí es sí’ y afirmó que este cambio legislativo “no nos aleja del movimiento feminista”. A este respecto, llamó a respetar a “todas las corrientes” de este sector de la sociedad, en clara referencia a Podemos.

“DESPROPÓSITO ELECTORALISTA”

Este planteamiento del PSOE fue rechazado por ERC y EH Bildu, socios parlamentarios del Gabinete de Sánchez esta legislatura. A este respecto, Idurre Bideguren, de EH Bildu, tildó la reforma de “despropósito electoralista” y una vuelta al esquema del abuso y la agresión sexual de la anterior normativa.

En la misma línea, Sara Bailac, de ERC, sostuvo que a la formación socialista “le han temblado las piernas” ante la presión de la derecha por las revisiones de penas de agresores sexuales. Añadió que la reforma planteada no es un “cambio técnico”, sino que afecta a su “núcleo”.

Por otra parte, Yolanda Merelo, de Vox, afirmó que la corrección de la Ley de Libertad sexual era un intento de PSOE y PP de “maquillarla de cara a las elecciones” y reprochó a los populares que se prestasen al “blanqueo de esta chapuza legal”.

Asimismo, Miguel Sánchez López, de Ciudadanos, criticó que hubiera partidos que se negaran a pedir “perdón” por lo sucedido y siguieran insistiendo en censurar a los jueces por la aplicación que están haciendo de la norma. Asimismo, Ruth Goñi, de Navarra Suma, quien advirtió de los efectos que podía provocar la ley, destacó que la “soberbia” ha retrasado siete meses la rectificación que exigía esta iniciativa legislativa.