La sesión de este jueves parte de una solicitud, firmada por 103 senadores populares, de comparecencia de Montero y Aagesen "para dar cuenta de las responsabilidades políticas derivadas de los casos de corrupción objeto de investigación judicial que afectan a su departamento". La titular de Hacienda será la primera en ser interpelada, tras lo cual lo será la responsable de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Tras estos debates, la Cámara Alta abordará la "solicitud de creación de una comisión de investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)", según el orden del día de la sesión parlamentaria.

'CASO KOLDO' Y EL ENTORNO DE MONTERO

En cuanto a por qué los populares exigen a Montero explicaciones, el sumario del 'caso Koldo' alude a la ministra por la presunta intermediación de su jefe de Gabinete, Carlos Moreno, con Víctor de Aldama para desbloquear cuatro millones retenidos, según consta en la investigación judicial que dirige la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Aldama declaró haber entregado 25.000 euros a Moreno por favores fiscales, mientras la UCO investiga delitos de tráfico de influencias y cohecho en contratos de mascarillas y rescates aéreos vinculados al entorno de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda durante la pandemia.

Al mismo tiempo, Vicente Fernández Guerrero, ex 'número dos' de Montero en Hacienda y presidente de la SEPI, fue detenido en diciembre de 2025 por una trama de presunto cobro de mordidas en contratos públicos vía Servinabar, empresa vinculada al exdirigente socialista Santos Cerdán que operó entre 2021 y 2023.

Fernández Guerrero está imputado en el 'Caso SEPI' por prevaricación, malversación, cohecho y tráfico de influencias junto a Leire Díez y Santos Cerdán. Los agentes vinculan el rol de este exalto cargo a supuestas adjudicaciones irregulares que amañaron contratos públicos por 132,9 millones de euros mediante influencia en entidades estatales.

TEAC Y 'CASO MONTORO'

Asimismo, José Antonio Marco Sanjuán, expresidente del Tribunal Económico-Administrativo Central nombrado por Montero, está investigado por Anticorrupción por pactar comisiones de 100.000 euros a cambio de archivar deudas fiscales, según consta en la causa judicial abierta por la Fiscalía Especial.

Marco está imputado por prevaricación, malversación, cohecho y tráfico de influencias tras dimitir en junio de 2025, cuando mensajes de WhatsApp indicaban pagos en sobres a cambio de favorecer a contribuyentes con expedientes abiertos en el organismo que presidía bajo la autoridad de Hacienda.

En el 'caso Montoro', altos cargos de Hacienda están imputados por supuestos favores a gasistas, y Montero destituyó a dos implicados en julio de 2025 por delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad en expedientes administrativos.

AAGESEN Y EL 'CASO HIDROCARBUROS'

En cuanto a la ministra de Transición Ecológica, el informe de la UCO del 'caso Hidrocarburos' cita que Aagesen, que fue exsecretaria de Estado de Energía con Teresa Ribera, podría haber intervenido en la autorización de una licencia para la empresa Villafuel, a pesar de irregularidades financieras detectadas en la tramitación del expediente por parte de funcionarios del Ministerio.

La trama de Villafuel defraudó supuestamente 182 millones en IVA con petróleo venezolano, algo por lo que también están siendo investigados José Luis Ábalos, Aldama y Koldo García. Los delitos investigados en este sumario incluyen prevaricación, tráfico de influencias y cohecho en la concesión de permisos para operar en el mercado mayorista de hidrocarburos.

En el 'caso Villafuel', Aagesen figura en el listado de la UCO como responsable en la Dirección General de Política Energética y Minas entre 2020 y 2024, cuando colaboradores como Manuel García Hernández y Ana Belén Manzano Negro participaron en la tramitación anómala de expedientes.

Por último, el 'caso Forestalia' alude al Ministerio para la Transición Ecológica por permisos ambientales presuntamente irregulares y subvenciones de 17,3 millones vía Sepides, más 200.000 euros en comisiones, mientras funcionarios denuncian externalizaciones a Tragsa y favoritismos en adjudicaciones que el PP considera que deben ser investigadas parlamentariamente.