El texto, que fue remitido al Congreso para continuar su tramitación, también amplia de 15 a 30 días el plazo para resolver reclamaciones y amplía a la Administración General del Estado, sus empresas y sociedades las obligaciones de la normativa.

Durante el debate, por el PP Carmen Riolobos criticó que se trata de la ley de “lenguas cooficiales” o de la “Torre de Babel” y que evidencia el “pago” que debe realizar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para “mantenerse de forma indigna en el sillón de La Moncloa”.

PORTAVOCES

En el turno de portavoces, por la misma formación Inmaculada Hernández criticó que algunos grupos políticos han “utilizado” este texto para “introducir su agenda ideológica y sus imposiciones lingüísticas” y, con respecto a las lenguas cooficiales, aseveró que el PP “defiende la protección y el uso de todas ellas”, si bien juzgó “un auténtico disparate” el hecho de “imponer” a las empresas de todo el territorio nacional “obligaciones imposibles, como contestar en cualquier lengua cooficial”.

Por su parte, por el PSOE, María del Lirio Martín acusó al PP de proponer, con sus enmiendas, una redacción “inconstitucional e intervencionista” de una norma que, a su entender, “marca un cambio profundo” en la atención al cliente y cuyo objetivo es “combatir la exclusión y garantizar la igualdad” en este ámbito, convencida de la importancia de atender “específicamente” las “vulnerabilidades” que afectan contractualmente a las personas mayores y a las personas con discapacidad.

“No podemos normalizar que una persona tenga que esperar más de 30 minutos para resolver un problema, que se obligue a gestionar los trámites de consumo exclusivamente por canales digitales o que el único interlocutor al otro lado del teléfono sea una máquina, incluso que la información que se faciliten no posea formatos accesibles para todas las personas”, añadió, convencida de que se trata de una “exclusión estructural”.

JUEGO

En la misma línea, desde Sumar, Carla Delgado reivindicó que, en el ámbito del juego online, la ley “reforzará” los controles sobre medios de pago, publicidad y oferta de juego.

En paralelo, subrayó que en el texto se propone la modificación de la Ley 13/2011 con el fin de “recuperar” las restricciones que regulaban la publicidad y la promoción del juego, tumbadas por el Tribunal Supremo.

Por Vox, que presentó una propuesta de veto al texto que fue rechazada, el senador Fernando Carbonell advirtió de que la Cámara no podía aprobar una ley “que nace de una cesión política, impone cargas desproporcionadas y compromete la competitividad de miles de empresas españolas”, convencido de que el texto “impone por ley estándares que muchas empresas no pueden cumplir” y que se ha dado a las compañías “un margen mínimo” para adaptarse.

Desde Junts, Francesc Xavier Ten afeó que “al 40%” de españoles se les “niegan los derechos lingüísticos” y lamentó que el PP pretenda con la introducción de sus enmiendas inclinar “la balanza siempre a favor de la empresa”.

Por último, desde el PNV, Nerea Ahedo estimó “superimportante” que se garanticen los derechos lingüísticos, por Bildu Olaia Duarte hizo hincapié en que la norma permite “dar un paso importante” en cuanto al “respeto de los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía”, si bien admitió que “no va a ser la panacea, pero servirá para regular unas garantías mínimas” y por el BNG Carmen Da Silva aseveró que la ley se queda “corta” y que el PP “ataca” derechos “importantes” como los lingüísticos.