La iniciativa de los populares llega después de que se concediera el régimen de semilibertad a María Soledad Iparraguirre ('Anboto') y a Juan Ramón Carasatorre, revocado poco después por el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional José Luis Castro, quien cuestionó esos beneficios, además de pedir una revisión y reforma del procedimiento, que se basa en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

Además, ese mismo día se concedió al exjefe de ETA, Mikel Garikoitz Azpiazu ('Txeroki''), un permiso de seis días, algo esto último que el PP pone de relieve en su iniciativa, denunciando que acumula condenas que suman 377 años de prisión “por su historial sanguinario” y solo ha pasado 17 entre rejas.

Por casos como estos, los populares exigen que se cree una ponencia de estudio, en el seno de la Comisión de Interior de la Cámara Alta, para analizar la política penitenciaria aplicada a los presos de ETA, además de instar al Ejecutivo a cabo llevar a cabo las reformas normativas necesarias para que estas flexibilizaciones de condenas no se apliquen a los presos “sin el cumplimiento material y efectivo de los requisitos de desvinculación, arrepentimiento, colaboración con la Justicia y satisfacción de la responsabilidad civil”.

La defensa de la iniciativa corrió a cargo de la senadora popular Rosa Gallego, quien denunció que estas excarcelaciones “no son casos aislados”, sino “un patrón y una estrategia". Y subió el tono al apuntar que la política penitenciaria no puede convertirse en “moneda de cambio” ni “estar condicionada por mayorías parlamentarias ni acuerdos políticos”.

A la moción del PP Vox presentó una enmienda de modificación, en la que también se exige que se haga efectiva la prohibición de cualquier acto de homenaje a terroristas, investigar los crímenes sin resolver, localizar a los prófugos y tipificar como crímenes de lesa humanidad todos los cometidos por ETA.

"SIN BILDU, NO HAY GOBIERNO"

Fue la senadora popular Marimar Blanco la que anunció que la aceptarían, denunciando, como ya hizo ayer en esta misma Cámara, que muchas de las medidas que plantea la formación de Santiago Abascal ya las habían presentado y aprobado en el Senado, pero están “secuestradas” en el Congreso “por orden de Sánchez”, porque si saliesen adelante se “rompería el pacto encapuchado con Bildu”. “Sin Bildu, no hay Gobierno; y sin Otegi, no hay Pedro Sánchez”, espetó visiblemente enfadada.

En este sentido, la senadora de Vox Paloma Gómez insistió en esta idea al criticar que cada beneficio penitenciario “no responde a la reinserción, sino a la aritmética parlamentaria más indigna de nuestra historia”. Por ello, volvió a acusar al Gobierno de haber “cruzado todas las líneas rojas” y “borrar la frontera entre los que apretaban el gatillo y los que recibían los disparos”. Y zanjó: “Matar en España sale barato si tienes los votos que el Gobierno necesita”.

Un mensaje similar trasladó la senadora de UPN María Caballero, quien también denunció esa aplicación "laxa" del Reglamento Penitenciario y que todo responde a un "interés político". En un momento dado se dirigió a Bildu, formación que el martes le dijo que entendían su dolor, pidiéndole al mismo tiempo que les entendieran a ellos. Sin embargo, Caballero espetó a la formación abertzale que ello solo "honran a los presos, que no están muertos", por lo que les exigió que "condenen el terrorismo" y "exijan a los presos que colaboren con la Justicia".

En este sentido, el senador de Bildu Mario Zubiaga evitó responder a Caballero y se limitó a criticar la iniciativa del PP, la cual dijo busca instaurar una "política de excepción". Señaló que los populares "pretenden volver a un pasado ya superado" con la única finalidad de "socavar los apoyos el Gobierno", usando para ello, dijo, "la comprensible desazón de algunas víctimas". Sí que aseguró que respetan "su dolor", pero avisó de que "dejar en manos de la víctima la ejecución de las penas nos retrotrae a un punitivismo medieval".

"PATRAÑA"

Muy duras fueron las palabras de la senadora de Más Madrid Carla Antonelli, quien no dudó en calificar la iniciativa del PP de "patraña" y defendió que no hay "incumplimiento de la ley". Al mismo tiempo, acusó a los populares de querer "cuestionar el funcionamiento de las instituciones" y buscar la "confrontación". "Solo ofrecen a las víctimas esta burda intoxicación" y les generan "falsas expectativas", añadió seria mientras insistía en que el PP "instrumentaliza su dolor".

Por su parte, Igotz López, del PNV, insistió en la idea de que el PP genera "falsas esperanzas" a las víctimas con una propuesta que "no tiene ningún sentido". Así, defendió que el procedimiento actual de concesión de beneficios penitenciarios cumple con la legalidad.

Uno de los momentos más tensos del debate llegó como consecuencia de la intervención del senador socialista José María Oleaga, quien también defendió la "legalidad" de la política penitenciaria y tachó la iniciativa del PP de "bulo", principalmente por las acusaciones de que estos beneficios son "políticos". De hecho, acusó al PP de atacar a los funcionarios de prisiones con su propuesta.

Tras esto, hizo referencia al hermano de la senadora popular, Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA. Lo hizo mientras criticaba al expresidente del Gobierno José María Aznar, apuntando que un año después del crimen, llamaba a ETA "Movimiento Vasco de Liberación Nacional", en lugar de "organización terrorista", en referencia al término que acuñó en 1998 cuando confirmó que había autorizado "contactos" con su entorno.

La senadora del PP respondió acto seguido al PSOE muy enfadada. "Les pido que se laven la boca antes de volver a mencionar a mi hermano". "Lávense la boca", insistió mirando fijamente a los senadores socialistas mientras gritaba: "Vergüenza les tendría que dar hablar de las víctimas después de la política tan infame que están haciendo". Así, entre aplausos y abrazos de sus compañeros de partidos, cerró el debate.