De acuerdo con la declaración aprobada por los partidos de la Cámara Alta, desde 2014, las autoridades ucranianas han registrado casos de traslado de menores desde las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk hacia Rusia. La comunidad internacional ha alertado sobre esta violación de derechos humanos, especialmente tras la anexión de Crimea por parte de Moscú. La situación se ha agravado con la guerra actual, donde miles de niños han sido separados de sus familias.

Más de 20.000 menores han sido trasladados a la fuerza o deportados a Rusia. Las condiciones de estos niños son alarmantes, ya que viven en un estado de terror y son sometidos a programas de reeducación y propaganda que buscan eliminar su herencia nacional. Además, muchos son considerados "trofeos de guerra", lo que representa una grave violación del derecho internacional.

El 17 de marzo de 2023, la Corte Penal Internacional emitió una orden de detención contra el presidente ruso, Vladímir Putin, y la Comisionada para los Derechos del Niño de Rusia, por su implicación en la deportación ilícita de menores. Esta acción ha sido respaldada por la UE y más de 42 países que exigen el retorno inmediato de los menores a Ucrania.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado a Rusia responsable de infracciones sistemáticas del Convenio Europeo de Derechos Humanos, incluyendo el traslado forzoso de menores. En sentencias recientes, como la del 9 de julio de 2025, se ha subrayado la gravedad de estas acciones.

El Senado de España ha exigido que se ponga fin a estas prácticas de manera incondicional y que todos los menores ucranianos regresen inmediatamente, garantizando su protección y reunificación familiar. Además, se compromete a implementar iniciativas para visibilizar y denunciar estas deportaciones.

DEMANDA INTERNACIONAL

La comunidad internacional ha solicitado a Rusia información sobre el paradero de los menores deportados y ha instado a cesar el cambio de identidad de estos niños. La situación ha generado un amplio rechazo y ha puesto de relieve la necesidad de proteger los derechos de los menores en situaciones de conflicto.

El Senado destaca que la militarización y las adopciones ilegales son prácticas que deben ser erradicadas. Estas acciones no solo afectan a los menores, sino que también atentan contra los principios fundamentales de respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas.

La declaración institucional del Senado se suma a los esfuerzos de diversas organizaciones y Gobiernos que buscan frenar estas violaciones y asegurar el retorno seguro de los niños. Se espera que estas acciones generen un impacto positivo en la protección de los derechos de los menores ucranianos.

El compromiso del Senado es firme en la defensa de los derechos de la infancia y la condena de cualquier acción que atente contra su bienestar. La situación de los menores ucranianos sigue siendo una prioridad en la agenda internacional y nacional.