El senador popular Miguel Ángel Jerez justificó la iniciativa de consultar al TC por “seguridad jurídica”, al entender que la Constitución no ampara el punto 2.4 del tratado, que prevé que, cada tres meses, un ministro francés participe en reuniones del Gabinete español, aunque no propiamente en el Consejo de Ministros, y viceversa.

Un canje de notas entre los respectivos ministerios de Asuntos Exteriores precisó que la intervención se produciría “en los márgenes del Consejo de Ministros” para sortear esa hipotética inconstitucionalidad. Sin embargo, Jerez dijo que el concepto de “en los márgenes” no tiene rigor ni validez real, y recriminó al Gobierno que pretendiera que el PP diera más importancia al canje de notas que lo que dice verdaderamente el tratado.

Según dijo, la Constitución no ampara “los márgenes del Consejo de Ministros” y se preguntó con cierta sorna en qué consistía, si los ministros franceses se sentarían “en una esquina” de la mesa.

Jerez reprochó al Gobierno y, en general, al “sanchismo” no rectificar nunca y pensar que los problemas son siempre de aquéllos que ponen objeciones a los arbitrios del Ejecutivo o quieren hacer las cosas con rigor y propiedad.

DEFENSA DEL TRATADO

En el turno en contra, Concha Andreu, del PSOE, dijo que “los márgenes” son un concepto diplomático perfectamente admitido, y el canje de notas un documento totalmente oficial, y lamentó la “política de tierra quemada” del PP al boicotear un tratado que supuestamente es beneficioso para España y se habría aprobado si los populares gobernaran. En su opinión, el único motivo de que el PP se oponga al tratado, que equipararía la relación de España con Francia a la que este país tiene con Italia o Alemania, es que piensa que beneficiaría al Gobierno de Pedro Sánchez.

Le suscribió en el turno en contra el senador de la Agrupación Socialista Gomera, Fabián Chinea, apelando a la necesidad de tener buenas relaciones. Rafael Lemus terminó el debate, también por el PSOE, recordando los cientos de miles de españoles que viven en Francia o trabajan en empresas galas, reiterando que la soberanía no corre peligro y auguró “repercusiones negativas” en cooperación con ese país, que ya aprobó el tratado.

En el turno de fijación de posiciones, Ángel Pelayo Gordillo, de Vox, quiso distinguir el objetivo de mantener buena relación con Francia, que se da por supuesto, de la conveniencia de que ministros de ambos países se sienten en el Consejo de Ministros del otro. Sugirió en su lugar mejorar la seguridad fronteriza.

Defendió la soberanía nacional “por encima de cualquier contingencia”, incluso de lo oportuno que sería, ironizó, meter a ministros franceses, o, todavía mejor, un contingente de la UCO, en el Gabinete español, “para poner orden” en el español. “La soberanía nacional ni se comparte, ni se interpreta, ni se diluye”, remató, después de preguntar al PSOE por qué aprobar el tratado antes de consultar al TC.

EUROPA Y SOBERANÍA

Por la Izquierda Confederal, Uxue Barkos negó que la soberanía nacional impida la colaboración con Francia, en particular una fronteriza que ella, como navarra, valora especialmente; así justificó su voto en contra de paralizar el tratado, “sea cual sea la excusa”. En el mismo grupo, Xavier Morera lamentó el “boicot a la amistad” con Francia que a su juicio supone esta “artimaña” y preguntó si la “prioridad nacional” es privar a España del “núcleo duro” de la UE.

Por el PNV, Luis Jesús Uribe acusó al PP de “oponerse a todo” con una estrategia “polarizadora” y de negar la legitimidad al Gobierno. En este punto concreto, le criticó que vaya “contra el espíritu europeo” de cooperación entre los pueblos, y detalló la importancia que tendría el tratado para territorios fronterizos como el País Vasco.

Por Junts per Catalunya, Eduard Pujol comenzó entonando una serie de reivindicaciones y menciones nacionales e independentistas, expresando su “envidia” por el hecho de que solo los Estados pueden hacer debates sobre su soberanía.

Finalmente, en nombre de ERC, Sara Bailac despreció los muchos “encargos” que le está haciendo el Senado al Constitucional “para plantear conflictos con el Gobierno y el Congreso”, y preguntó al PP por qué no asume que el TC ya validó el derecho al aborto. “Se han vendido a la agencia ultra”, reprochó a los populares.