Ayer martes, la Mesa del Congreso aceptó el veto a las enmiendas ya introducidas por el Senado en la ley de desperdicio alimentario, una decisión que no gustó al PP –tiene la mayoría absoluta el Senado–, que tachó este movimiento de “atropello parlamentario”.

Fuentes del Congreso sostienen que esas enmiendas ya fueron vetadas por el Gobierno en el Congreso, con la aceptación del Pleno, y entienden que esa disconformidad se mantiene durante toda la tramitación parlamentaria. Para el PP, sin embargo, el argumento de ya estar vetadas previamente es “falso y jurídicamente absurdo” porque “va en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional”.

Ahora, Rollán ha pedido formalmente por carta a Armengol, a la que se refiere como “querida presidenta”, que reconsidere su decisión. Y todo, a unas 24 horas de que el Pleno debata el proyecto de ley sin algunas de las enmiendas introducidas por el Senado. Entre las enmiendas bloqueadas figura una del PP para aplicar tipos reducidos de IVA hasta el 31 de diciembre de 2025 a alimentos como el pan, los quesos, huevos, frutas, verduras, aceites y pastas.

En concreto, se propone un tipo del 2% del IVA a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de pan común, harinas panificables, quesos, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales y aceites de oliva. Y un tipo del 7,5% del IVA a entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de aceites de semillas y pastas alimenticias.

“La gravedad de esta actuación no tiene precedentes”, avisa Rollán en el escrito, que se hace eco del rechazo del letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, a esta forma de proceder de la Mesa. “Te ruego, querida presidenta, que interpongas los buenos oficios oportunos para que el acuerdo de la Mesa se revoque y pueda someterse a consideración del Pleno de la Cámara que presides el texto íntegro del dictamen del Pleno del Senado sin que queden, de ningún modo, partes de él sustraídas”, añadió.

Rollán justifica su rechazo a la actuación del Gobierno en que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha declarado, “con toda rotundidad”, que las controversias que puedan suscitarse sobre los vetos del Gobierno por motivos presupuestarios “no pueden plantearse con posterioridad a la votación del Pleno del Senado”.

Y añade que “la controversia suscitada en relación con el veto presupuestario del Gobierno puede resolverse, únicamente, en este momento, mediante el oportuno proceso ante el Tribunal Constitucional y no por otros medios antirreglamentarios e inconstitucionales, como aquí se pretende”.