De negarse o no responder en 30 días, la Cámara Alta podrá elevar el conflicto al Tribunal Constitucional para que lo resuelva. La oposición asegura que agotará esta vía si es necesario para “liberar” la treintena de leyes “secuestradas” en la Mesa del Congreso, donde PSOE y Sumar imponen su mayoría para ampliar el plazo de enmiendas al articulado ‘sine die’ e impedir que continúen su tramitación parlamentaria.

Esta anomalía es propia de legislaturas con gobiernos en minoría parlamentaria, aunque no hay precedentes de conflictos de estas características entre las dos cámaras. En la última etapa del Gobierno de Mariano Rajoy, PP y Ciudadanos maniobraron de la misma forma para frenar algunas de las iniciativas de la oposición que contaban con el apoyo mayoritario del Congreso, que acabó auspiciando una moción de censura en favor de Pedro Sánchez.

Esta legislatura ocurre exactamente lo mismo pero con los papeles cambiados y un matiz. El PP, con Vox y Junts, ha endosado varias derrotas al Gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, a la hora de legislar con estos dos partidos, se encuentra siempre con el muro de la Mesa del Congreso, que impide que sus iniciativas prosperen más allá de su toma en consideración.

En esta ocasión, y por primera vez en democracia, el conflicto escala al Congreso y al Senado. El PP tiene mayoría absoluta en el Senado y puede remitir una cantidad ingente de proyectos de ley al Congreso. Pero el 'modus operandi' viene a ser el mismo: se toma en consideración con mayoría simple o absoluta y se paraliza en la Mesa.

El caso "más extremo" es la rebaja del IVA de las peluquerías. La iniciativa cuenta con el apoyo de prácticamente todos los socios del PSOE, incluido Sumar. Pero los dos socios de Gobierno la han frenado en la Mesa del Congreso y en enero cumplirá dos años varada.

"ILEGAL, ARBITRARIA Y DISCRIMINATORIA"

El PP considera que esta actuación es "ilegal, arbitraria y discriminatoria" e "imposibilita" la función legislativa del Senado. En este sentido, la propuesta remarca que el Tribunal Constitucional ya ha sentenciado que la ampliación de enmiendas 'sine die' está aceptada siempre y cuando "no fuera restrictiva de los derechos fundamentales de los parlamentarios".

"Y en este caso lo es de forma notoria", señala la propuesta de conflicto de atribuciones, que será remitida al Congreso para que ponga fin a unas prórrogas que, a juicio del Senado, "se acuerdan de plano, con un puro automatismo, una tras otra, sin que conste ninguna motivación ni ninguna justificación de que sea necesario ese tiempo extra de reflexión para la preparación de las enmiendas".

"Es un bloqueo intencionado, selectivo, de purga, de las iniciativas legislativas procedentes del Senado que la Mesa del Congreso ha decidido simplemente no tramitar, vulnerando los derechos de los parlamentarios e impidiendo el desarrollo de la iniciativa legislativa del Senado que, necesariamente, depende para su completo desarrollo de la tramitación en el Congreso antes de volver de nuevo al Senado", añade.

LA MAYORÍA ALTERNATIVA

Hay 36 proposiciones de ley paralizadas del Senado en la Mesa del Congreso. Más de la mitad saldrían adelante en el Congreso de ser votadas en Pleno, una buena parte con la mayoría de PP, Vox y Junts. Por ejemplo, la bajada del IVA de las peluquerías, el desalojo de okupas en 24 horas o la concesión del grado mínimo de discapacidad a las personas en situación de dependencia.

Otro de los proyectos paralizados es la ley del PP contra la multirreincidiencia. Por el contrario, el PSOE se inclina ahora por desbloquear una de características similares de Junts para atraer de nuevo a los secesionistas al bloque de investidura, ahora que se ha formalizado su ruptura.

Entre las proposiciones paralizadas del PP, también hay una ley de vivienda y otra de suelo del PP, una iniciativa para ajustar automáticamente el límite exento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) al salario mínimo interprofesional (SMI), ayudas a los pacientes de talidomida, una ley para proteger el Patrimonio Histórico frente al vandalismo, o una bajada del IVA al 4% para la prestación de todos los servicios de atención a la dependencia no exentos.