La iniciativa de los populares se debatirá en el Pleno de la Cámara Alta y busca adaptar la legislación española a las exigencias del Tribunal Supremo tras las sentencias que dejaron sin efecto reformas anteriores sobre multirreincidencia. En caso de superar este debate en toma en consideración, comenzaría su tramitación parlamentaria.

La propuesta establece que las condenas firmes impuestas por tribunales de otros países de la UE tendrán efectos de reincidencia en España, siempre que no hayan sido canceladas según el derecho español. Esta medida pretende cerrar una laguna legal que permitía eludir antecedentes penales europeos.

Las condenas firmes de jueces o tribunales impuestas en otros Estados comunitarios producirán los efectos de reincidencia salvo que el antecedente penal haya sido cancelado, según establece la modificación propuesta por el PP al artículo 22 del Código Penal.

La proposición del PP que se debate este miércoles en el Senado establece que la ley orgánica entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. El coste económico estimado será determinado por el Gobierno, según indica el documento presentado por la portavoz popular, Alicia García Rodríguez.

MEDIDAS CONTRA HURTOS

La iniciativa popular incluye también medidas específicas contra los hurtos multirreincidentes, estableciendo penas de prisión de uno a tres años cuando el culpable haya sido condenado por tres delitos de la misma naturaleza. En caso de delitos leves, se aplicará la pena inferior en grado.

Propone, además, agravar las penas por el hurto de dispositivos electrónicos o tecnológicos susceptibles de contener datos personales, reconociendo la especial protección que requiere la información contenida en estos aparatos. Esta medida responde al incremento de robos de móviles y tablets en espacios públicos.

El texto señala que las entidades del sector comercial han calculado pérdidas anuales de 1.800 millones de euros por hurtos, mientras que estudios indican que más del 85 por ciento de estos delitos están profesionalizados. La reforma busca dar respuesta a esta realidad criminológica.

La proposición modifica también el tratamiento de la estafa multirreincidente, estableciendo que cuando todos los delitos sean leves, incluido el objeto de enjuiciamiento, se aplicará una pena específica independientemente de la cuantía defraudada.

COINCIDENCIAS CON JUNTS

Las medidas propuestas por el PP coinciden en gran parte con las defendidas por Junts en los últimos meses, especialmente en el endurecimiento de penas por hurtos multirreincidentes y robos de dispositivos electrónicos. Ambas formaciones buscan que las penas no dependan únicamente del monto acumulado de 400 euros.

Junts presentó una proposición de ley para combatir la multirreincidencia que incluye penas de uno a tres años de prisión por robo de móviles y dispositivos electrónicos. La formación catalana también propone que los ayuntamientos puedan actuar como acusación en casos de delitos leves relacionados con multirreincidencia.

La iniciativa de Junts fue registrada en marzo de 2024 y se tomó en consideración en septiembre, pero permanece paralizada a la espera de constituir su ponencia en el Congreso. El PSOE apoyó su tramitación, mientras que Sumar, EH Bildu y Podemos la rechazaron o se abstuvieron.

COMPROMISO DE SÁNCHEZ

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió recientemente a tramitar la propuesta de Junts para dar solución a la multirreincidencia, reconociendo que es un problema importante de seguridad ciudadana. Sin embargo, fuentes gubernamentales admiten que alcanzar un acuerdo no será sencillo.

La convergencia entre PP y Junts en esta materia podría facilitar los apoyos necesarios para una futura reforma del Código Penal. Ambas formaciones coinciden en la necesidad de endurecer las penas contra la multirreincidencia y mejorar la eficacia del sistema judicial.

El texto del PP responde a las sentencias del Tribunal Supremo de 2017 y 2019 que dejaron sin efecto reformas anteriores sobre multirreincidencia por considerar desproporcionadas las penas cuando todos los delitos concurrentes eran leves. La nueva propuesta busca resolver estas objeciones jurisprudenciales.