De hecho, el PP repite la misma iniciativa que hace dos semanas en el Congreso, cuando no logró que la Cámara le reprobase, aunque sí que salieron adelante cuatro de las siete medidas que planteaban los populares, entre ellas que los guardias civiles pudieran usar armas no letales contra las narcolanchas.

Esta nueva moción consecuencia de interpelación, calcada a la del pasado 26 de mayo, llega un mes después de la muerte de dos guardias civiles en Huelva mientras perseguían a una narcolancha, algo que para los populares pone de manifiesto la “extrema peligrosidad a la que se enfrentan diariamente” los agentes en Andalucía, donde “las organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas han incrementado su capacidad operativa y su violencia contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Eso sí, lo único que cambia algo es el nombre de la misma, pues entonces versaba sobre “la situación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico” y ahora se centra en “la política del Ministerio del Interior en materia de lucha contra las organizaciones criminales, en especial las dedicadas al narcotráfico”. La iniciativa se registró el 27 de mayo, el mismo día que los agentes de la Unidad Operativa (UCO) de la Guardia Civil entraron en la sede del PSOE de Ferraz.

El PP vuelve a insistir en que ni este caso ni el asesinato de otros dos agentes en Barbate (Cádiz) en febrero de 2024 son “hechos aislados”, sino “una amenaza estructural frente a la que los efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil vienen alertando desde hace años”.

De ahí que critiquen, con las mismas palabras que hace dos semanas, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no “han sido capaces de adoptar las medidas necesarias para revertir una situación que se agrava día tras día”.

Por ello, los populares vuelven a reclamar, además de la reprobación del ministro, seis medidas para fortalecer la lucha contra los narcos. Cuatro de ellas ya obtuvieron luz verde en el Congreso: que se reconozca la profesión de riesgo a los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil, aumentar “de manera urgente” las plantillas de estos cuerpos, dotarlas de recursos materiales suficientes y permitir que los guardias civiles del Servicio Marítimo incorporen armas no letales, como “armas lanzadoras”, frente a las narcolanchas. Junto a estas, otras dos que en la Cámara Baja no salieron adelante: la reactivación de la unidad ‘OCON-Sur’ y reforzar el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar y una reforma de los artículos 550 y 556 del Código Penal para “aumentar las penas en los delitos de atentado, resistencia o desobediencia a la autoridad de los agentes”. Y al igual que ocurrió en el Congreso, Vox ha presentado una enmienda para "reforzar la actividad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de los Servicios de Información de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en Marruecos".

Esa mayoría del PP en la Cámara Alta permitirá que esta iniciativa salga adelante en su totalidad y, por tanto, implique una nueva reprobación para Marlaska, la cual será la cuarta, tras otras dos en el Congreso y una en el Senado.

Previamente, el ministro tendrá que responder a varias preguntas en la sesión de control, entre ellas dos del PP, que interpelará al ministro por la seguridad en el medio rural y sobre por qué “continúa en sus responsabilidades”. Sin embargo, todo apunta a que estas versarán sobre la presunta trama liderada por el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, para “desestabilizar” causas judiciales que afectaban al partido y al Gobierno. Además de sobre las reuniones entre la directora del Instituto Armado y la exmilitante del PSOE.