La iniciativa propone modificar el artículo 31 de la Ley de Extranjería, endureciendo los requisitos para obtener la residencia temporal, exigiendo a los extranjeros medios económicos suficientes y ausencia de antecedentes penales en España y países anteriores para solicitar dicho trámite, y la acreditación del esfuerzo de integración mediante informe autonómico.

También propone suprimir otros artículos para tipificar con mayor gravedad algunos delitos cometidos por inmigrantes, como podría ser el de participación en actividades contrarias a la seguridad exterior del Estado o que perjudiquen las relaciones exteriores.

Asimismo, la iniciativa modificaría el artículo 56 y 57 de la citada ley, sobre prescripción de infracciones o sanciones y expulsión, respectivamente. Por ejemplo, propone regular la autorización judicial para imponer una expulsión, si hay procesos penales abiertos, y expulsar a una persona extranjera tras cumplir penas para delitos graves (como trata o explotación, entre otros).

Junto a esto, Vox propone otras medidas relativas a regular la prohibición de entrada en España, incluso de forma permanente, en casos de que la persona suponga una “amenaza grave”.

Asimismo, obligaría a las instituciones a hacer informes autonómicos sobre integración y antecedentes penales de los extranjeros, cuya existencia será causa automática de denegación.

Del mismo modo, la propuesta reformaría el artículo 89 del Código Penal para sustituir las penas por determinados delitos por la expulsión de esos extranjeros, e invoca competencias exclusivas del Estado en inmigración y legislación penal.