La iniciativa de los populares, que se votará mañana y que defendió el senador Miguel Ángel de la Rosa, se centra principalmente en las últimas críticas de Bolaños al juez Juan Carlos Peinado por su decisión de procesar a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según dijo, la instrucción del magistrado ha sido “anómala” y “muy discutible”, al tiempo que afirmaba que había "avergonzado" a muchos jueces y magistrados. Unas acusaciones que ha venido reiterando amparándose en la libertad de expresión, pese a las quejas de asociaciones judiciales, como la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) o la Francisco de Vitoria (AJFV). Incluso el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pidió respeto para las resoluciones.

Por todo ello, la moción del PP, que saldrá adelante gracias a su mayoría absoluta en la Cámara Alta, además de exigir al Gobierno el cese del ministro, insta a respetar la independencia judicial y la autonomía del Ministerio Fiscal, garantizar la separación de poderes y cesar en cualquier “práctica de señalamiento o descrédito” de resoluciones judiciales y de los órganos que las dictan.

De la Rosa quiso recordar a Bolaños que "debe respetar a los jueces", tras lo que le acusó de ejercer como "abogado particular del presidente del Gobierno", como "portavoz procesal de La Moncloa" y ser un "agitador cada vez que una resolución judicial afecta al Gobierno o a su círculo más próximo". Y fue más allá, y comparando al ministro con un "moderno Don Quijote" dijo que "aspira a ser el caballero andante al servicio de su Dulcinea Sánchez".

A esta moción Vox presentó una enmienda de modificación para "reforzar la moción y hacerla verdaderamente eficaz", en palabras del senador Fernando Carbonell, quien consideró también "intolerables" las manifestaciones de Bolaños contra las resoluciones judiciales. Algo que, remarcó, vulnera "de forma flagrante el principio de separación de poderes". Eso sí, no lo personalizó solo en Bolaños, sino que lo hizo extensible a todo el Gobierno.

Además, en su enmienda, que fue aceptada por el PP, pide también que se modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los 12 vocales de procedencia judicial del Consejo General del Poder Judicial sean "elegidos directamente por jueces y magistrados". Y que se renuncie a algunas de las últimas reformas legislativas impulsadas por el Gobierno, como la del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que deja en manos de los fiscales la instrucción penal, o la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que pone límites a la acusación popular.

Igotz López, del PNV, quiso destacar durante su intervención que no es lo mismo "presionar o descalificar que manifestar opiniones disconformes" con las resoluciones judiciales, haciendo hincapié en que, en democracia, "lo que no cabe es la presión o descalificación a jueces o magistrados", pero "sí es lícito" manifestar opiniones discrepantes". De hecho, criticó al PP por algunas "descalificaciones" pasadas, como en el caso de operaciones como la 'Gürtel', acusando "a jueces fiscales y policías de perseguirles".

"EL POLI MALO DEL GABINETE"

Francesc Ten, de Junts, comenzó también criticando al PP por, entre otras, la 'operación Cataluña', señalando al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. De ahí que apuntara que "la credibilidad del PP para pedir dimisiones es nula". De Bolaños, dijo que está "superado por su mismo personaje" y que ahora es el "poli malo del gabinete". Asimismo, recordó que en 2024 ya fue reprobado sin que pasara nada. Por ello, criticó que el PP "ha convertido el Senado en un plató televisivo en el que cada semana piden reprobaciones y ceses", mientras avisaba de que no votarán "para no entrar en las guerras partidistas" entre PP y PSOE.

Por parte de ERC, Joan Josep Queralt defendió las declaraciones del ministro por "necesarias" y "oportunas", porque el hecho de que no haya críticas es "de autoritarios". E hizo hincapié en que el poder judicial "tiene que ser controlado, supervisado y criticado". De hecho, apuntó que algunas de las sentencias judiciales las ha leído él mismo "con una pinza en la nariz y gafas de sol porque dan pudor". Así, denunció que hay jueces que usan las sentencias como "instrumento político".

María Martín, del PSOE, hizo referencia al caso 'Kitchen' que se juzga en la Audiencia Nacional y que "demuestra cómo actúa el PP en momentos de presión judicial". Tras esto, defendió, al igual que el ministro, la libertad de expresión como "oxígeno para la democracia", porque permite la "legítima crítica a las resoluciones judiciales" y la denuncia de una instrucción. Eso sí, dejó claro que no incluye los insultos o las descalificaciones.

Y aprovechó para cargar contra los populares, asegurado que se "invisten como defensores de la independencia judicial, del Estado de derecho, de la Constitución", pero, "por la puerta de atrás, no dudan en pactar con Vox, con la extrema derecha" alcanzando "pactos xenófobos".

Unas palabras estas que el senador popular respondió haciendo referencia a los pactos con Bildu, "los herederos de quienes mataban a nuestros compañeros". Y recordó que mañana en el Tribunal Supremo declararán el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García en el caso 'mascarillas': "El auténtico sanchismo sentado en un banquillo", espetó mientras le decía que "cuanto más acorralados están, más brutales son sus ataques a la independencia judicial".