La senadora del PP, Nidia Arévalo, pidió "transparencia y legalidad". "Pero también quiero dejar claro que no vamos a discutir, ni discutiremos, los fines de estas políticas públicas de igualdad tan necesarias. Lo que estamos poniendo en tela de juicio son los medios con los que se ejecutan", aclaró.

Así, la popular destacó las conclusiones del "demoledor" informe del Tribunal de Cuentas sobre la contratación menor del ministerio dirigido por Ana Redondo. "Un trabajo que analiza una muestra de casi 300 expedientes y que vienen a ser casi cuatro millones de euros en contratos menores: uso excesivo, uso no suficientemente justificado y uso inadecuado de contrato menor. Hablamos de que el 64 % de los contratos fiscalizados se sitúan en el umbral legal de los 15.000 euros, y el 68% no consta como se calculó el presupuesto o valor estimado", aseveró.

En el texto aprobado este miércoles, el PP solicita al Ejecutivo la realización de una auditoría externa de las contrataciones poniendo especial atención al uso de contratos menores y de patrocinio frente al régimen de subvenciones, el cumplimiento de los límites legales y la motivación de los expedientes, la eficiencia y el impacto real de los contratos, incluidos los firmados con medios de comunicación.

Dicha auditoría, además, deberá ser remitida al Senado en un plazo máximo de seis meses, junto con un plan de medidas correctivas, y aceptar y aplicar de forma inmediata las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, garantizando que el contrato menor sea estrictamente excepcional, motivado y conforme a la ley.

La senadora popular también puso el foco en las actividades de patrocinio, señalando que estas "no se pueden tramitar como contratos menores". Así lo dice el informe del Tribunal de Cuentas, que apunta, según Arévalo, a que esos patrocinios deberían realizarse "a través del régimen general de subvenciones, con publicidad, concurrencia y objetividad".

Arévalo también expuso el caso de la campaña de 'nuevas masculinidades tóxicas en entornos digitales' que el Ministerio lanzó con motivo del 25‑N, Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la Mujer, señalando su “escaso” impacto en base a "métricas que han demostrado su nulo impacto". "¿Yo me pregunto cómo se eligió el adjudicatario?", añadió.

Por su parte, desde el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, Carla Antonelli atacó al PP por afear al Ejecutivo lo que ellos hacen en la Comunidad de Madrid donde, dijo, hay una "supuesta prevaricación administrativa y fraude de manual financiado con fondos europeos desde las cuentas de gestión de los centros educativos; pero además, el Servicio Madrileño de Salud solo en 2024 se contabilizaron 387.538 contratos. Así, uno detrás de otro menores, por un valor total de 1217 millones de euros".

La senadora del PNV María Dolores Etxano indicó sus dudas sobre "qué va a aportar esa auditoría que el Tribunal de Cuentas no haya aportado ya" y señaló que el control que solicitaba el PP le parecía una duplicidad innecesaria.

Por su lado, la senadora gallega María Carmen Da Silva resolvió que la moción podía resumirse como "consejos vendo que para mí no tengo" y señaló que el mecanismo de contratación a través de contratos menores es de uso habitual en la Xunta de Galicia.

La parlamentaria Sara Bilac, del Grupo Esquerra Republicana de Catalunya-Esquerres per al independència, no intervino en el debate, mientras que la socialista Pasión Gador Romero indicó que los contratos del Ministerio de Igualdad "no solo han estado sujetos a la fiscalización de la Intervención General del Estado, del Ministerio de Hacienda, sino que además disponen de un informe favorable por parte de la Abogacía del Estado".

En opinión de Romero, una auditoría externa significaría "la duplicación de costes y, por, tanto, es contrario al principio de eficiencia que que tenemos que defender en la Administración pública".