Fernández está citado a las 11.00 horas en la llamada 'comisión SEPI' de la Cámara Alta. En la misma, los senadores quieren analizar la gestión de este ente público en los últimos años y lo referido a la operación desarrollada en diciembre pasado por la Guardia Civil. En concreto, el 11 de diciembre, la UCO arrestó a Vicente Fernández, a la exmilitante socialista Leire Díez y al empresario vasco Antxon Alonso.

Los tres quedaron a disposición del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia por su presunta participación en un entramado de adjudicaciones públicas irregulares desde la SEPI. El procedimiento, que está bajo secreto de sumario, apunta a presuntas irregularidades en préstamos valorados en unos 132 millones de euros. Según la hipótesis de la Fiscalía Anticorrupción, los detenidos habrían utilizado sus contactos institucionales para beneficiar a determinadas mercantiles, recibiendo a cambio comisiones que rondarían los 750.000 euros.

El expresidente de la SEPI ocupó este cargo desde junio de 2018 hasta octubre de 2019, cuando abandonó esta responsabilidad al verse implicado en el proceso por la presunta manipulación del concurso de la mina de Aznalcóllar. La Audiencia Provincial de Sevilla lo exoneró de todos los cargos el 5 de diciembre de 2025. Apenas una semana después, los agentes de la UCO desarrollaron la operación en el que también se investiga a Leire Díez y Antxon Alonso.

Tras su salida del organismo público, Fernández pasó a colaborar con Servinabar, la constructora controlada por Alonso y en la que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán poseía casi la mitad de las participaciones, según los informes de la Guardia Civil. La Hacienda Foral de Navarra documentó que el exdirigente de la SEPI percibió de esa mercantil cerca de 219.000 euros brutos.

SEGUNDA COMPARECENCIA

Cuando en julio de 2025 acudió por primera vez al Senado, en esta ocasión a la comisión del 'caso Koldo', Fernández declinó responder a todas las preguntas invocando su derecho constitucional a guardar silencio mientras estuviese procesado en la causa de Aznalcóllar. Cerrada ya aquella vía penal con una sentencia absolutoria, los senadores del PP confían en que esta vez no pueda recurrir al mismo argumento, aunque el secreto de sumario vigente en la Audiencia Nacional podría seguir limitando el alcance de sus respuestas.

La comparecencia de Fernández llega después de que el lunes compareciese en el Senado la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda. La máxima responsable de este organismo rechazó cualquier anomalía en los expedientes tramitados bajo su mandato, tanto en la concesión de 475 millones a Air Europa como en los 53 millones otorgados a Plus Ultra, y sostuvo que ambas operaciones satisfacían la totalidad de los requisitos legales del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

Asimismo, este miércoles declaró el 'número dos' del conglomerado público, Bartolomé Lora, quien negó que existiera cualquier trato de favor en los rescates de empresas como Air Europa o Plus Ultra, afirmando que todos los expedientes cumplieron estrictamente con la normativa estatal vigente.