Así lo confirmó la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, en una rueda de prensa en la que explicó que la letrada mayor, Sara Sieira, ya ha comunicado a la Mesa que el equipo jurídico del Senado trabaja en un informe por “la inconstitucionalidad” en la que habría incurrido la Mesa del Congreso al sacar del texto estas dos enmiendas a petición del Gobierno.

No es la primera vez ni que sucede en esta legislatura ni que el Senado eleva el asunto al Constitucional. El alto tribunal ya evalúa distintos conflictos de atribuciones que se presentaron por el idéntico motivo tras la aprobación de los proyectos de Ley de Movilidad Sostenible, y de Navegación Aérea y de Seguridad Aérea.

El origen de estos choques reside en que, durante la tramitación de estas leyes, el PP aprovecha su mayoría absoluta para introducir varias enmiendas en su articulado, que luego deben ser refrendadas por el Congreso de los Diputados.

Sin embargo, antes de que la Cámara Baja se pronuncie, el Gobierno las veta argumentando que afectan al equilibrio presupuestario. Y la Mesa del Congreso acepta los argumentos descritos por el Ejecutivo y consuma su retirada del texto.

El Senado insiste en que este movimiento es inconstitucional y reiterará los argumentos expuestos en anteriores conflictos. Además, en este caso particular, en el PP ha generado malestar el hecho de que el Gobierno haya vetado una de sus propuestas basándose en que tendría que contratar más personal para cumplir con lo establecido.

La enmienda referida exige que “todas las autorizaciones de residencia precisarán que el solicitante de ésta carezca de antecedentes penales” que se “deberá acreditar mediante certificación oficial expedida por las autoridades competentes del Estado o Estados de origen o de anterior residencia”. El Gobierno alega que, para cumplirla, hay que abordar la creación de 400 plazas de funcionarios en comisarías de policía lo que costaría, en total, casi 17 millones de euros.

Cuando el Pleno del Senado apruebe el conflicto, se abrirán dos fases. En la primera, la Cámara Alta requerirá formalmente al Gobierno y al Congreso que se retracten de su decisión en los siguientes 30 días. De no contestar o negarse, el Senado podrá entonces elevar el conflicto al Tribunal Constitucional para que lo resuelva.