Fuentes parlamentarias informaron a Servimedia de que la comisión requirió numerosa documentación sobre el rescate a la aerolínea. Esto conlleva requerimientos a la SEPI y al Ministerio de Hacienda, entre ellos el "expediente íntegro del rescate concedido a Plus Ultra", incluyendo el "detalle de consumo de mercancías (queroseno)" con contratos de suministro de combustible, facturas, proveedores, precios y condiciones como descuentos, revisiones de precio e intermediarios.

La sede parlamentaria solicitó asimismo información sobre el "sobredimensionamiento" de la plantilla de la aerolínea, que según el informe contaba con 500-550 empleados con un solo avión, frente a los ratios sectoriales habituales, así como el desglose de la partida "otros gastos de explotación" que completaba el 116% de los gastos sobre ingresos.

Entre la documentación requerida figura el expediente completo del rescate con informes de viabilidad, dictámenes internos y externos, actas de los órganos colegiados y notas de los servicios técnicos que avalaron declarar a Plus Ultra como empresa "estratégica" y viable destinataria de 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

PRÉSTAMO A WELCOMING

La comisión pidió también contratos y documentación del préstamo concedido por Plus Ultra a Welcoming Internacional por un importe equivalente a los 53 millones, con su justificación económica, calendario de pagos, garantías y forma de contabilización, así como el documento de autorización por parte de la SEPI para esta operación.

Solicitó además cuentas anuales y libros de socios de Welcoming Internacional y de las sociedades accionistas de Plus Ultra como Snip Aviation, Flyspain, Peyva Interprovincial y Sky Solutions, junto con contratos y justificantes del préstamo recibido desde Plus Ultra, su destino efectivo y cualquier reenvío a terceras entidades.

Requirió información sobre la estructura del grupo con organigramas societarios, participaciones cruzadas y acuerdos parasociales relevantes que puedan explicar la circulación de los 53 millones dentro del grupo, así como certificaciones íntegras de cuentas, depósitos y hojas registrales de Plus Ultra y sus sociedades vinculadas.

La Cámara Alta pidió al Sepblac las comunicaciones de operaciones sospechosas en las que figuren empresarios venezolanos identificados como Camilo Ibrahim Issa, Mohamed Ibrahim, Rodolfo José Reyes Rojas, Raif El Arigie Harbie, Roberto Roselli Mieles, Flavio Bohórquez Tariff, Joaquín Olimpio Domingues Ferreira y Héctor Antonio Tobía.

MBAJADA EN VENEZUELA

La comisión solicitó a la Embajada de España en Venezuela, a través del Ministerio de Exteriores, la agenda, listados de asistentes, minutas, notas internas, correos y cualquier soporte relativo a reuniones celebradas en la Embajada o en la residencia oficial con representantes de Plus Ultra y empresarios venezolanos vinculados al accionariado.

En particular, requirió documentación sobre la reunión de marzo de 2021 en la residencia del jefe de misión con Camilo Ibrahim y otros empresarios, así como notas verbales y comunicaciones intercambiadas con la Cancillería venezolana sobre contratos y autorizaciones de vuelos de Plus Ultra entre España y Venezuela.

Pidió también informes, telegramas y despachos enviados desde la Embajada a Madrid mencionando la situación de Plus Ultra en Venezuela, su operativa de vuelos, permisos y trato preferente, así como valoraciones sobre Camilo Ibrahim Issa y otros empresarios venezolanos vinculados a la aerolínea.

Solicitó cualquier instrucción recibida desde Madrid con telegramas, correos o instrucciones del Ministerio de Exteriores a la Embajada en los que se dé indicación específica sobre el trato institucional a Plus Ultra o a sus accionistas y la gestión de las relaciones con las autoridades venezolanas.

PRÉSTAMO PARTICIPATIVO 2017

La sede parlamentaria requirió además la relación detallada del préstamo participativo de aproximadamente 6,3 millones de euros otorgado a Plus Ultra a través de Panacorp Casa de Valores en 2017, así como todos los contratos de financiación bancaria y privada vigentes entre 2015 y la fecha de concesión del rescate.

El Consejo de Ministros aprobó el 9 de febrero de 2021 la concesión de una ayuda pública de 53 millones de euros a Plus Ultra a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI, con un préstamo participativo de 34 millones y una contribución temporal de 19 millones.

La aerolínea firmó el contrato con la SEPI el 12 de febrero de 2021, comprometiéndose a pagar intereses crecientes del 2,5% al 7% en siete años, aunque devolvió solo unos ocho millones en intereses hasta 2025, con aplazamientos aprobados en marzo de ese año por la entidad pública.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid reabrió en diciembre de 2025 la investigación sobre la concesión tras indicios aportados por la Fiscalía Anticorrupción, después de que fuera archivada provisionalmente en 2023 por la magistrada Esperanza Collazos, y el 11 de diciembre la Udef registró la sede de Plus Ultra.