Este conflicto de atribuciones era iniciativa del PP, que ha usado este instrumento en el Senado en diversas ocasiones durante la presente legislatura, al entender que la Mesa de la Cámara Baja no tramita intencionadamente las propuestas legislativas que se le envían desde la otra sede parlamentaria.

En el caso de la ley contra la multirreincidencia, el conflicto de atribuciones planteado por los populares recibió este miércoles 147 votos a favor, 92 en contra y 21 abstenciones.

Ahora, la Mesa del Congreso, que preside Francina Armengol, deberá pronunciarse al respecto y, si rechaza el planteamiento del Senado, desde esta institución se debe decidir si se lleva este enfrentamiento al Tribunal Constitucional.

VETO PRESUPUESTARIO

Las dos enmiendas de los senadores a la norma sobre la multirreincidencia fueron vetadas por el Ejecutivo el pasado 24 de marzo por motivos presupuestarios. El Gabinete de Pedro Sánchez argumentó que los cambios reclamados supondrían un gasto de más de 70 millones de euros, al conllevar la creación de 491 plazas de fiscales (unos 54 millones) y de 400 plazas de funcionarios en comisarías de Policía (unos 17 millones de euros).

Los senadores proponían promover acuerdos para que los inmigrantes que cometan delitos cumplan las condenas en sus países de origen. Además, se incluyó un tipo agravado para hurtos en explotaciones agrícolas y ganaderas cuando el valor de lo sustraído superara los 400 euros.

También se demandaban medidas cautelares específicas para delitos en internet, como la retirada o bloqueo de contenidos ilícitos de forma provisional. Al mismo tiempo, la versión del Senado penalizaba con hasta 18 meses de prisión el uso de energía defraudada para alimentar instalaciones de cultivo de drogas.

“CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL”

En defensa del conflicto de atribuciones, el senador popular Antonio Silván calificó de “totalitario” al Ejecutivo de Sánchez. Afirmó que ha supuesto una “aberración constitucional” el veto a las enmiendas a la ley de multirreincidencia, ya que las mismas “se borraron” sin debatirse en el Pleno del Congreso.

Silván indicó que estas enmiendas fueron vetadas sin ser debatidas por los diputados tras la petición del Ejecutivo. “El Gobierno de Sánchez ya no solo gobierna al margen del Parlamento, sino que gobierna contra el Parlamento”, remarcó este senador, quien terminó su intervención con un “viva la Constitución y viva la democracia”.

El también representante popular Luis Rodríguez-Comendador afirmó que los vetos del Ejecutivo a las iniciativas del Senado son "una forma de corrupción institucional" y "un permanente abuso y una violación del Estado de derecho".

“OPERACIÓN DE DESGASTE”

Por su parte, en nombre del PSOE, Inmaculada Sánchez reprochó al PP que vuelva a promover un conflicto de atribuciones desde la Cámara Alta como forma de "amplificar el ruido" y lanzar una nueva “operación de desgaste" contra el Gabinete de Sánchez.

Asimismo, Joan Bagué, de Junts, se quejó de que la proposición de ley contra la multirreincidencia partió de su formación y que la Mesa del Congreso la tuvo "secuestrada" durante dos años. En una línea similar, Igotz López, del PNV, cuestionó la forma de actuar del órgano de gobierno que preside Armengol y reclamó que el Tribunal Constitucional "marque los límites" para frenar una espiral que alimenta "extremos políticos".

A su vez, Enric Morera, de Compromís, calificó el nuevo conflicto de atribuciones planteado por los populares como una "burla institucional" y que los de Feijóo han convertido esta figura legal en "una auténtica caricatura".