Según informó este martes la Cámara Alta, su Pleno del 22 de octubre pasado acordó el planteamiento de este conflicto, a iniciativa del PP. Ese mismo día, el presidente de la institución, Pedro Rollán, dirigió un escrito al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para trasladarle el requerimiento.

Ante la falta de contestación por parte de la Presidencia del Gobierno, la sede parlamentaria presentó formalmente ante el Constitucional el conflicto de atribuciones entre ambas instituciones, lo que constituye un paso sin precedentes en la defensa de sus competencias constitucionales.

La Cámara Alta considera que la falta de presentación en plazo del Proyecto de Ley de PGE de 2026, así como "el abuso indefinido de la prórroga presupuestaria", suponen una vulneración de varios artículos de la Constitución, en concreto los artículos 1.3, 66.2, 134 (apartados 1, 2, 3, 4 y 5), 23 y 99.2.

"FORMA ABUSIVA"

Por un lado, se incumple "la obligación constitucional de elaborar y presentar anualmente el Proyecto de PGE", prevista en los artículos 134.1 y 3 de la Constitución. Con este incumplimiento, las Cortes Generales no pueden ejercer su competencia en materia presupuestaria, según los artículos 66.2 y 134.1.

De este modo, se limita la capacidad del Parlamento "de modificar el texto, proponer alternativas y, sobre todo y en último término, aprobarlo o rechazarlo". Con ello, también se estaría vulnerando el artículo 23 de la Constitución, ya que se impide la participación de los senadores en la función presupuestaria.

Además, el Senado entiende que el Ejecutivo está "utilizando de forma abusiva la prórroga presupuestaria", en contradicción con el artículo 134.4, con lo que se incumple también el principio de anualidad que prevé el artículo 134.2 del texto constitucional.

Asimismo, las modificaciones presupuestarias que se están realizando de los PGE de 2023 prorrogados, "al margen del Parlamento", suponen una vulneración directa del artículo 134.5 de la Constitución, según argumentó la Cámara Alta en su escrito.

CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

A su vez, debido a la relación que hay entre la no aprobación de los Presupuestos y la pérdida de confianza parlamentaria otorgada en la investidura, otro de los preceptos afectados sería el 99.2 de la Constitución, que regula el procedimiento de investidura del presidente del Gobierno.

Para el Senado, "los dos precedentes de 1995 y 2019, en los que los presidentes del Gobierno propusieron la disolución de las Cámaras, constituyen una convención constitucional" que el actual Ejecutivo estaría incumpliendo al no presentar los Presupuestos ni convocar elecciones.

Por ello, la institución parlamentaria solicita al Constitucional que declare que el Gobierno "ha vulnerado la atribución constitucional del Senado para participar de la aprobación de los PGE", de acuerdo con los artículos 66.2 y 134.1 de la Constitución.

También reclama que se reconozca la vulneración de su capacidad "para modificarlos y para controlar la acción del Gobierno por no presentar este proyecto de ley y por el abuso que se está haciendo de la prórroga presupuestaria".

NULIDAD DE LAS PRÓRROGAS

A su vez, se suplica que, como consecuencia de esta lesión competencial, declare "la inconstitucionalidad y nulidad de las prórrogas de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023", producidas el 1 de enero de 2024, 2025 y, en su caso, 2026.

Asimismo, se solicita que resuelva "lo que proceda sobre las situaciones jurídicas producidas al amparo de aquella vulneración competencial" y que se señale un plazo máximo para que el Gobierno cumpla con su deber constitucional en materia presupuestaria.