La iniciativa del PP se aprobará en el Pleno de esta jornada, al tener mayoría absoluta los populares, aunque contará con el rechazo abierto del PSOE y los partidos nacionalistas, mientras que Vox la vio insuficiente y UPN expresó sus dudas sobre parte del contenido. Además, los populares se negaron a endurecer el texto con las enmiendas planteadas por el partido de Santiago Abascal.

A este respecto, el senador de Vox Ángel Gordillo rechazó "sin matices la regularización por decreto" porque "premia la ilegalidad, alimenta el efecto llamada, fortalece a las mafias al tiempo que colapsa los servicios públicos" y "tensiona la vivienda". Sin embargo, criticó al PP por su "falta de coherencia y credibilidad" en esta materia.

La iniciativa de los populares responde a la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de poner en marcha una regularización extraordinaria dirigida a unas 500.000 personas extranjeras en situación administrativa irregular que ya viven en España. La medida se dio a conocer a finales de enero tras un acuerdo entre el PSOE y Podemos y luego paso por el Consejo de Ministros.

El Ejecutivo enmarca la decisión en la necesidad de facilitar la integración social y laboral de quienes ya están asentados en el país. El plan se articulará mediante un real decreto de tramitación urgente que modifica el reglamento de extranjería y abre un procedimiento específico de regularización.

EJECUTAR LAS EXPULSIONES

No obstante, la moción del PP expresa su rechazo a lo pactado por Podemos y el PSOE, "por considerarlo un instrumento arbitrario que sustituye el debate parlamentario, una medida sin respaldo técnico, presupuestario ni territorial y un incentivo estructural a las vías de inmigración ilegal y a las mafias que se lucran del tráfico de seres humanos".

Además, la iniciativa exigió "respeto al Parlamento e insta al Gobierno a que cualquier modificación sustancial del modelo migratorio se tramite por vía legislativa ordinaria, con participación de los grupos parlamentarios, comparecencias de expertos y memoria de impacto económico y social".

Los populares también rechazan las "regularizaciones masivas y automáticas" de inmigrantes y reclamaron "una política migratoria de Estado que refuerce el control de fronteras y los medios humanos y materiales". Defendieron que también deben ejecutarse "de forma efectiva las expulsiones", así como proceder a las "devoluciones y retornos de quienes no cumplen los requisitos legales".

También reclaman mejorar la "eficacia" del sistema de retornos; reforzar las oficinas de extranjería; combatir las mafias de tráfico de personas y alinear la política migratoria nacional con el marco europeo y, en particular, con el Pacto Europeo de Migración y Asilo.

"CORTINA DE HUMO"

La senadora del PP Inmaculada Hernández, que defendió la iniciativa de su partido, expresó que "Pedro Sánchez vuelve a gobernar sin el Parlamento" e indicó que "ha optado por el real decreto para impulsar una regularización masiva, eludiendo deliberadamente un debate parlamentario y el necesario control de las Cortes Generales".

Denunció que el presidente del Gobierno "siempre antepone sus intereses personales y partidistas al interés general" y afirmó que esta medida responde a tres motivos: "reorientar el foco mediático" tras el accidente ferroviario, "cambiar el relato" antes de las elecciones en Aragón y "volver a su mayoría de investidura".

Advirtió de que "las mafias aprovechan la regularización de inmigrantes" y citó que "ahora por 750 euros te consiguen un contrato de alquiler que justifique que está en España viviendo antes del 31 de diciembre". Alertó de que "no estamos hablando de 500.000, estamos hablando de 2 millones de personas" cuando se produzca la reagrupación familiar.

Hernández criticó que la regularización "se adopta sin poner freno a las causas que llevan a los inmigrantes a incumplir la ley" y recordó que en 2024 "se dictaron 50.000 órdenes de retorno y se practicaron tan solo 8.000". Concluyó que "España se convierte en la excepción, en el eslabón débil, en el coladero del sistema Schengen".

RECHAZO SOCIALISTA

Por su parte, la senadora socialista Pasión Romero defendió que "el actual Gobierno opta por proponer una medida para la regularización de las personas inmigrantes que ya están en España" y recordó que "es una medida que recoge un proceso social en el que se han implicado actores diversos: ciudadanos, plataformas, asociaciones, entidades sociales y profesionales y congregaciones religiosas".

Recordó las regularizaciones del PP bajo el Gobierno de José María Aznar y señaló que entonces el diputado Javier Rupérez decía "que había que hacer pedagogía, pedagogía antifascista, pedagogía antixenófoba, antirracista e integradora y debíamos ser todos generosos".

El senador de Junts Francesc Tent dijo que su formación solo aceptaría "esta regularización si hay traspaso de las competencias integrales en la materia, de forma que de ahora en adelante sea la Generalitat la que dé el permiso de residencia y trabajo en nuestra casa". Criticó que Podemos "nos bloquea" este traspaso de competencias, pero usa un real decreto para dar papeles a 500.000 personas.

"XENÓFOBA, RACISTA Y CLASISTA"

Asimismo, la senadora de ERC Sara Bailac defendió que "abrir un proceso de regularización de personas migrantes en situación administrativa irregular significa, antes que nada, asumir una responsabilidad colectiva" y afirmó que "regularizar es hacerlos visibles, es garantizar los derechos que les corresponden". Denunció que "la derecha y la extrema derecha han puesto sobre la mesa barbaridades como cuestionar que ciertas personas tengan derechos humanos" y acusó a PP y Vox de señalar "al más débil como culpable de los malestares de la gente".

Por parte de EH Bildu, Olaia Duarte defendió que la decisión del Ejecutivo "reconoce la dignidad de las personas migrantes que ya viven en España" y denunció que "la derecha ha convertido a las personas migrantes en su diana porque necesitan crear un culpable al que la sociedad señale como culpable de todos sus males". Asimismo, en nombre de Más Madrid, Carla Delgado, calificó la moción del PP de "xenófoba, racista y clasista" y defendió que la regularización "tiene nombres y apellidos y tiene vidas" y que los populares "están generando un caldo de cultivo muy peligroso".