Fuentes parlamentarias informaron a Servimedia de que la comisión parlamentaria requirió agenda, listados de asistentes, minutas, notas internas, correos y cualquier soporte relativo a reuniones celebradas en la Embajada o en la residencia oficial con representantes de Plus Ultra y empresarios como Camilo Ibrahim Issa, Rodolfo Reyes, Raif El Arigie, Flavio Bohórquez y Héctor Antonio Tobía.

La sede parlamentaria solicitó en particular la documentación de la reunión de marzo de 2021 en la residencia del jefe de misión o encargado de negocios con Camilo Ibrahim y otros empresarios, celebrada apenas un mes después de que el Consejo de Ministros aprobara el 9 de febrero de 2021 el rescate a Plus Ultra.

Entre la documentación requerida al Ejecutivo figura la relativa a reuniones en la Embajada española en Caracas con representantes de Plus Ultra y empresarios venezolanos vinculados al accionariado de la aerolínea, así como notas verbales y comunicaciones intercambiadas con la Cancillería venezolana sobre contratos y autorizaciones de vuelos de la compañía entre España y Venezuela.

"PETICIONES DE "EQUIDAD"

La comisión solicitó también copia de las notas verbales, memorandos y comunicaciones intercambiadas con la Cancillería venezolana sobre peticiones de "equidad" o prioridad de Plus Ultra frente a Iberia, Air Europa u otras aerolíneas, así como sobre contratos y autorizaciones de vuelos entre ambos países.

Solicitó además informes, telegramas y despachos enviados desde la Embajada a Madrid mencionando la situación de Plus Ultra en Venezuela, su operativa de vuelos, permisos y trato preferente, así como valoraciones sobre Camilo Ibrahim Issa y otros empresarios venezolanos vinculados a la aerolínea rescatada con fondos públicos.

Requirió asimismo telegramas, correos o instrucciones del Ministerio de Exteriores a la Embajada en los que se dé indicación específica sobre el trato institucional a Plus Ultra o a sus accionistas y la gestión de las relaciones con las autoridades venezolanas en materia de vuelos y permisos ligados a la compañía.

La Cámara Alta requirió también programas, listados de invitados y documentación de eventos económicos organizados por la Embajada o en su residencia en los que hayan participado empresarios venezolanos relacionados con Plus Ultra, para verificar la interlocución utilizada antes y después del rescate de 53 millones de euros.

RESCATE DE 53 MILLONES

El Consejo de Ministros aprobó el 9 de febrero de 2021 la concesión de una ayuda pública de 53 millones de euros a Plus Ultra a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI, con un préstamo participativo de 34 millones y una contribución temporal de 19 millones.

La aerolínea firmó el contrato con la SEPI el 12 de febrero de 2021, comprometiéndose a pagar intereses crecientes del 2,5% al 7% en siete años, aunque devolvió solo unos ocho millones en intereses hasta 2025, con aplazamientos aprobados en marzo de ese año por la entidad pública.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid reabrió en diciembre de 2025 la investigación sobre la concesión tras indicios aportados por la Fiscalía Anticorrupción, después de que fuera archivada provisionalmente en 2023 por la magistrada Esperanza Collazos, lo que motivó nuevas diligencias judiciales.

El 11 de diciembre de 2025, la Udef registró la sede de Plus Ultra y detuvo a su presidente Julio Martínez y al consejero delegado Roberto Roselli por presunto blanqueo de capitales de funcionarios venezolanos mediante préstamos reembolsados con fondos del rescate público concedido por el Gobierno.

TRATO PREFERENTE INVESTIGADO

La comisión parlamentaria pretende verificar si hubo interlocución institucional desde la Embajada española en Caracas con los accionistas venezolanos de Plus Ultra antes y después de la aprobación del rescate, así como si se facilitó algún tipo de trato preferente a la aerolínea frente a otras compañías españolas.

La solicitud de documentación incluye cualquier instrucción recibida desde Madrid sobre el trato institucional a Plus Ultra o a sus accionistas, así como la gestión de las relaciones con las autoridades venezolanas en materia de vuelos y permisos ligados a la compañía que recibió ayuda pública.

La sede parlamentaria busca esclarecer si existió alguna conexión entre la actividad diplomática en Venezuela y la posterior concesión del rescate a una aerolínea con accionariado venezolano, en el marco de la investigación sobre los contratos y ayudas relacionadas con la trama del 'caso Koldo'.